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Quart de Poblet pondrá en marcha un servicio gratuito de asesoramiento jurídico para personas en riesgo de desahucio

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El Ayuntamiento de Quart de Poblet pondrá en marcha, a partir del 1 de abril, un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda, tras adherirse al convenio de colaboración de la Diputación de Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Este convenio, que se ofrece a los municipios sede de juzgados de 1ª instancia de la provincia, establece que un letrado atenderá a las personas que lo hayan solicitado.

El servicio se dará en el centro municipal polivalente de la calle Joanot Martorell, previsiblemente, de 9 a 14 horas, un mínimo de dos mañanas y un máximo de cuatro al mes, dependiendo de las peticiones.

Podrán utilizarlo tanto los vecinos de Quart de Poblet como los de los municipios que pertenecen al partido judicial.

Previamente a la puesta en marcha, desde el Ayuntamiento se informará de cómo y dónde solicitar la cita previa, así como de los horarios y fecha de atención definitivos.

Además, el Consistorio mantendrá en 2013 las ayudas a la vivienda, destinadas al pago de la hipoteca o alquiler, el agua y la luz, destinadas a aquellos vecinos con una situación socio-económica grave, tratando de cubrir sus necesidades básicas.

En 2012 se dieron un total de 77.247 euros a ayudas a la vivienda, 55.824 destinados al pago de hipoteca y alquiler, y 21.423 para luz y gas.

Estas ayudas de emergencia se conceden conforme se van aprobando las solicitudes, por lo que hasta final del ejercicio no se sabrá la suma global de 2013.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado recientemente dos mociones en las que exige cuestiones como el arrendamiento social en caso de dación del pago, la imposibilidad de desahuciar a familias que dediquen más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas o la dación de pago obligatoria para entidades bancarias con participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

También se propuso que a las familias con ingresos de 18.600 euros se les acepte la entrega de la vivienda para liquidar la deuda y la exención de la plusvalía para personas que pierden su vivienda en subasta o se acogen a la dación en pago.

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