De esta forma, las familias afectadas no tienen que soportar la situación de inseguridad que se ha generado ni se ven obligadas a recurrir individualmente a la Justicia para reclamar el dinero que ya han aportado.
“No es la primera vez que desde el Ayuntamiento asumimos el copago y en esta ocasión lo hacemos porque todo apunta a que se va a declarar improcedente, puesto que no sólo son ya varias las resoluciones judiciales que lo anulan y muchos más los recursos presentados que se resolverán seguramente en el mismo sentido, sino que la propia Generalitat ha reconocido su error, al aprovechar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2015 para cambiar la regulación que hizo del copago”, explica la alcaldesa, Carmen Martínez.
Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en consecuencia, “creemos que las familias bastante están sufriendo con los recortes y repagos en los servicios sociales, por lo que, vamos a iniciar los trámites para que el dinero que ya han abonado se les devuelva y no abonen ni un céntimo en 2014; lo asumirá el Ayuntamiento”.
La Generalitat reguló el copago de tal forma que, en el caso de Quart de Poblet, las familias de usuarios del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual afectadas debían hacer el ingreso no a la Conselleria, sino al Ayuntamiento. Para la gestión de este centro, el Consistorio contrató al Patronato Municipal Francisco Esteve, que se prestó a colaborar encargándose directamente del cobro a las familias.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado 1 de octubre, que anulaba el copago autonómico basándose en que se había fijado como precio público con rango de decreto y no como tasa con rango de ley, y las resoluciones posteriores en el mismo sentido han hecho ahora que el Ayuntamiento vaya a iniciar los trámites para que el Patronato Francisco Esteve devuelva a cada una de las familias afectadas el dinero que han aportado en 2014 porque son cada vez más los pronunciamientos judiciales contra la imposición de la Generalitat.
Respecto a 2015, la Generalitat ha aprovechado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para imponer, con la oposición del resto de grupos políticos, una nueva regulación del copago, esta vez como tasa, tal como exigía el TSJ en la sentencia por la que lo declaró nulo. Una tasa que las familias tendrán que pagar en enero, pero ya directamente a la administración autonómica sin intervención de los ayuntamientos.
“Es vergonzoso e intolerable el trato que la Generalitat está dando a personas mayores, discapacitadas y dependientes con un copago injusto, que los deja absolutamente desprotegidos y que vulnera sus derechos”, añade Martínez, quien incide en que el Ayuntamiento no sólo no ha reducido, sino que ha incrementado la dotación de servicios y programas dirigidos a este colectivo ciudadano.
De momento, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), integrado por más de 7.000 entidades de todo el país, ha anunciado que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento que cambia el copago de precio público a tasa y va a presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso pidiendo que la participación en el coste de las prestaciones sociales se regule por una ley estatal y no por normas autonómicas, ya que defienden que es el Estado el que tiene competencias en esta materia.
