PSPV y Bloc insisten en pedir la cabeza política de Martí por los escándalos en Nous Espais

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Los grupos del PSPV y el Bloc-els Verds-Plataforma per l’Hospital del Ayuntamiento de Torrent han pedido la “inmediata dimisión” del concejal de Urbanismo, Santiago Martí, por los escándalos protagonizados por la empresa municipal Nous Espais, de la que además es consejero delegado y gerente en funciones.
Los grupos de la oposición exigen también que la alcaldesa de la ciudad, y presidenta de Nous Espais, María José Català, aclare su responsabilidad en los citados “escándalos” y que “no pase un día más sin que los jóvenes afectados por el cambio de precios de viviendas y todos los vecinos sepan la verdad sobre todo lo sucedido”.

PSPV y Bloc piden responsabilidades tras tener acceso a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia, que declaró improcedente el despido del exgerente de la sociedad municipal de urbanismo Nous Espais Torrent, y condenó a pagarle una indemnización de 68.823, 48 euros.

La sentencia también destacaba que “el juzgador entiende que de los hechos acaecidos y observados no es creíble que la actuación del actor (el exgerente) fuese incluso desconocida por parte del órgano de administración o al menos por el consejero delegado puesto que de las informaciones de prensa cabe apreciar la adopción de una postura por la empresa y el socio único, el Ayuntamiento de Torrent, de dar una explicación a la opinión pública basada en la plena legalidad de la actuación”.

Según lo establecido en la sentencia, el juez interpreta en sus fundamentos jurídicos que el consejero delegado de Nous Espais y concejal de Urbanismo, Santiago Martí, conocía las actuaciones llevadas a cabo por el exgerente de la empresa y que es poco creíble que no fueran conocidas por el Consejo de Administración, cuya presidenta es la alcaldesa de Torrent.

En la misma sentencia, el propio juez considera que los precios de los pisos protegidos fueron mantenidos al final gracias a las reivindicaciones de la oposición municipal: “Por parte de la mercantil demandada se adoptó la decisión de mantener los precios de la calificación provisional ante las solicitudes en tal respecto por parte de algunos grupos políticos, remitiendo carta en tal sentido a las adjudicatarias de la construcción”.

PSPV y Bloc ya plantearon en su día que era “totalmente imposible” que la alcaldesa y el concejal de Urbanismo no supieran lo que hacía el gerente. “Hubo un claro intento de estafa y ahora queda claro que la responsabilidad es de los dos, y no del exgerente”, explican. Con esta afirmación, se alude al cambio de calificación de 36 pisos protegidos y al aumento de sus precios en un 28%, lo que suponía varios miles de euros más por cada piso; también se refiere a la subida de precios de otros 132 pisos porque les quisieron cambiar el valor del metro cuadrado.

“Cuando esto se produjo, hubo un gran escándalo, y aunque en un primer momento la alcaldesa y el concejal de urbanismo acusaron a la oposición de mentir y trataron de justificar la medida, posteriormente rectificaron y anunciaron que los pisos no subirían de precio, a la vez que acusaban al exgerente del cambio y lo despedían”, recuerdan desde la oposición.

La alcaldesa declaró públicamente que la oposición “mentía” cuando denunció la subida de precios de los pisos, e incluso llegó a amenazar al portavoz socialista con que “se iba a tragar” todo lo que había dicho. Al final, el Consejo de Administración modificó el cambio de precios y mantuvo los precios iniciales y acordó despedir al gerente, con la abstención de los grupos de la oposición municipal.

PSPV y Bloc denuncian asimismo el “oscurantismo y la ocultación de documentación” ya que la sentencia se recibió a finales de julio. Hace unos días, denunciaron también que el concejal de Urbanismo retuvo en su despacho cartas del exgerente dirigidas a los portavoces de la oposición. Del mismo modo, denuncian que la sentencia ya es firme y que no ha sido recurrida por la alcaldesa ni por el concejal de Urbanismo. De hecho, el exgerente ya ha cobrado la indemnización por el despido improcedente.

“Todos estos hechos ponen de manifiesto que el concejal de Urbanismo, consejero delegado de Nous Espais y gerente en funciones, Santiago Martí Alepuz, ha actuado de una manera contraria a los intereses de la empresa municipal Nous Espais, contraria a los intereses de la corporación municipal y contraria a los vecinos de Torrent”, insisten socialistas y nacionalistas quienes, al respecto, han pedido la dimisión del concejal o, en su defecto, su cese por parte de Catalá.

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