PSPV y Bloc consiguen las firmas necesarias para solicitar una reunión urgente de la Junta General de Nous Espais

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La oposición del Ayuntamiento de Torrent no se resigna y parece que no piensa dar por cerrada la crisis de la empresa municipal Nous Espais que le costó el puesto al ya ex gerente, José Doménech. PSPV y Bloc siempre han defendido que el equipo de Gobierno era conocedor de las decisiones de Doménech y, ahora, una sentencia les ha dado la razón declarando el despido improcedente. Por ello, piden responsabilidades a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo.
El grupo municipal socialista y el Bloc-els Verds-Plataforma per l’Hospital han presentado ya las firmas necesarias para solicitar la reunión urgente de la Junta General de Nous Espais, SA, la empresa municipal de urbanismo. De la Junta General forman parte todos los miembros de la corporación, además de la Gerencia y la Asesoría Jurídica.

En su escrito, los grupos de la oposición municipal reclaman la urgente convocatoria de la Junta General de Nous Espais SA en los plazos previstos por la legislación vigente y con los contenidos mínimos siguientes: informe del concejal de Urbanismo y Consejero Delegado sobre el despido del ex-gerente de Nous Espais SA y sobre la sentencia que lo declaraba improcedente, informe sobre las medidas adoptadas desde el cese y tras conocerse la sentencia, y acuerdos a adoptar sobre los hechos que se han producido y sus consecuencias.

PSPV y Bloc argumentan en su escrito que la situación actual en la que se encuentra la gestión de la empresa pública exige que se informe claramente a la oposición sobre hechos, comunicados y decisiones que la Junta General debe debatir, y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad.

La comunicación de la sentencia del juicio por el despido del ex gerente, José Fermín Doménech, declarándolo improcedente, y el contenido de los argumentos jurídicos expuestos en la propia sentencia, para la oposición, “han dejado bien clara la contradicción entre los hechos probados y las informaciones que se habían proporcionado a los miembros de la Junta General y a los ciudadanos”.

Por ello, las decisiones adoptadas a partir de la sentencia deben justificarse ante el Pleno de la Junta General y esta, como máximo órgano de Nous Espais SA., deberá adoptar las decisiones correspondientes en defensa de sus intereses y de los intereses de la ciudad.

Despido en marzo

La alcaldesa de Torrent y presidenta de la sociedad municipal Nous Espais ya se vio obligada a convocar en febrero de forma extraordinaria la Junta General de esta sociedad participada al 100% por el Ayuntamiento de Torrent. Los representantes del PSPV y del Bloc solicitaron entonces otra reunión extraordinaria y urgente de la Junta General para recibir aclaraciones sobre la actuación de la empresa en los escándalos de la recalificación de pisos protegidos para jóvenes en Parc Central y en otras iniciativas como las denunciadas por los vecinos del Barrio Xenillet residentes en una finca declarada en ruina y afectados por un posible realojo.

Tras aquella Junta General, y después de destaparse los escándalos de la recalificación de pisos protegidos, fue despedido el gerente de la empresa. En julio, el Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia declaró improcedente el despido, y obligó a indemnizar al gerente con 68.823, 48 euros. Toda esta información fue ocultada a la oposición municipal y, además, se produjo episodio de ocultación de cartas dirigidas a la oposición en las que el gerente explicaba su punto de vista.

Tras esto, PSOE y Bloc pidieron la inmediata dimisión del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrent y que la alcaldesa de la ciudad, y presidenta de Nous Espais, aclarase su responsabilidad.

En la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Valencia, que declaró improcedente el despido del gerente, y condenó a pagarle una indemnización de 68.823, 48 euros, también se destacaba que el juez no se creía que el concejal de Urbanismo ignorase lo que hacía el gerente.

Doménech fue cesado en marzo tras numerosas polémicas sobre la gestión urbanística del Consistorio presidido por Mª José Catalá. Entre otras, la recalificación y aumento de precios de 36 viviendas protegidas de régimen general en los edificios M-7 y M-20 de Parc Central y el intento de aumentar el precio del metro cuadrado de otros 132 pisos VPO de esos edificios.

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