Prohíben a una de las imputadas de Emarsa, mujer de otro implicado, disponer de sus bienes valorados en más de 1, 6 millones

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El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha prohibido a Vicenta José Fortuny, mujer de uno de los implicados en el procedimiento, disponer o traspasar bienes de su propiedad por valor de 1.610.000 euros.
Así consta en un auto fechado el 27 de julio, contra el que cabe recurso de reforma y de apelación. En él, el magistrado estima la petición formulada por el ministerio fiscal y acuerda, como medida cautelar, prohibir a Fortuny –también imputada en el caso por un presunto alzamiento de bienes– el uso de varias fincas, campos y naves industriales.

En concreto, el juez le prohíbe disponer o enajenar bienes de su propiedad como consecuencia de la liquidación, en abril de 2011, de la sociedad de gananciales que tenía junto con su marido, el imputado Vicente Ros Bartual, uno de los responsables de la empresa Notec.

Antes de la separación de bienes, el matrimonio disponía, –según recoge la resolución judicial– bienes y derechos gananciales por valor de 4.014.841, 15 euros. Así, el matrimonio contaba con cuatro campos de tierra de secano de viña, olivos y naranjos, valorados en 80.000 euros; una parcela edificable por valor de 125.000 euros; una vivienda-apartamento en Valencia, por 130.000 euros; y un aparcamiento y trastero valorado en 15.000 euros. La vivienda estaba grabada con una hipoteca de 61.904, 25 euros, y la plaza de garaje con 4.207, 08 euros.

Además, la pareja disponía de otra vivienda valorada en 130.000 euros; de otra plaza de garaje por 11.000 euros; y de un trastero valorado en 3.000 euros. En este caso, la casa y el garaje contaban con una hipoteca de 80.819, 58 euros.

El matrimonio, junto a estos bienes, contaba también con un local integrado en el centro comercial La Nao 2ª fase valorado en 180.000 euros; un conjunto de seis naves industriales por 800.000 euros; otra nave industrial situada en Alaquàs por 110.000 euros; una nave más por 370.000 euros; un saldo de 6.772, 02 euros en una cuenta de valores; y dos plazos fijos por valor de 599.600 euros y 200.000 euros cada uno.

Asimismo, contaba con un plan de pensiones, de la que era titular Fortuny, por un saldo de 38.676, 96 euros; otro plan de pensiones, pero a nombre de su marido, por 47.575, 70 euros; dos planes de ahorro por 819, 94 euros y por 1.014, 43 euros.

También disponía de cuatro cuentas corrientes con un saldo de 54.591, 03 euros; 18.765, 25 euros; 3.109, 82 euros; y 4, 62 euros. Además, contaba con 2.400 participaciones sociales de una mercantil, valoradas en un importe global de 181.857, 54 euros; 501 participaciones en otra entidad, por valor de 819.249, 50 euros; y 1.494 participaciones de otra mercantil valoradas en 89.804, 34 euros.

En total, la suma de bienes y derechos ascendía a 4.015.841, 15 euros, y descontando los préstamos pendientes y pasivos quedaba un líquido de 3.479.021, 57 euros, correspondiendo a cada cónyuge 1.739.510, 79 euros.

Así, en abril de 2011, el matrimonio firmó la separación de bienes, y a Vicente Ros le varios inmuebles, un plan de pensiones, saldos de cuentas, plazos fijos, y participaciones sociales. A favor de Fortuny correspondieron otros bienes y cuentas.

Ante esta situación, y tras la separación de bienes, el juez ha acordado, a petición del fiscal, prohibir a Fortuny disponer o traspasar bienes a su nombre ante la “necesidad” de asegurar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria. Y el magistrado ordena aplicar la medida “sin mayor dilación” para que “de ningún modo se pueda comprometer el buen fin de la medida”, indica.

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