Tras varios meses de investigación y denuncias, el PP de Torrent ha anunciado que llevará ante la Fiscalía Anticorrupción la renovación de los uniformes de la Policía Local tras los informes en contra del Secretario Municipal, los requerimientos de la Agencia de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias de la Generalitat y las denuncias de CCOO.
Según han explicado los concejales del PP Nacho Carratalá, Amparo Folgado y Jorge Planells en rueda de prensa, el PP de Torrent trasladará el caso a la Fiscalía. Y lo hace escasas horas de que se lleve a cabo el plenoextraordinario en el que solicitará se inicie el procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de 2015 por el que se aprobaron los pliegos que iban a regir el suministro de vestuario con destino a la Policía Local”.
El PP ha justificado el envío del caso al Fiscal Anticorrupción en tres documentos. El primero es el informe del secretario municipal del 24 de febrero solicitado por los populares “por cuarta vez”, según Carratalá. En este informe el Secretario Municipal indica que las prendas del pliego adjudicado en Torrent no se ajustaban a la legalidad. Este informe se realiza después de la adjudicación y contradice al informe esgrimido el pasado miércoles por el alcalde de Torrent, y realizado con anterioridad al 'informe del PP', en el que decía que “ todos los informes para la contratación de los nuevos uniformes de la Policía Local de Torrent son favorables”.
El segundo documento esgrimido por el PP para llevar el caso ante Anticorrupción es un escrito de fecha 14 de marzo de José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias de la Generalitat, al alcalde Jesús Ros en la que le advierte de que las prendas deben "ajustarse a lo establecido en el Decreto de 114/2005”.
El tercer documento es la carta de CCOO en la que denuncia “ intereses empresariales en los cambios de uniformidad de la policía local en algunas poblaciones, como ha ocurrido en Torrent y Requena”.
El concejal Carratalá, edil que descubrió la trama, ha manifestado que “el mismo problema en tres ayuntamientos socialistas, con la misma empresa, está lejos de ser una casualidad. Nosotros estamos denunciando desde hace tiempo que algo aquí no va bien, y por ello lo hemos puesto en manos de la fiscalía”.
