Los tres policías locales de Paiporta acusados de acosar a la concejala de Hacienda y Administración General, Beatriz Jiménez, por haber denunciado y anulado una oposición irregular de plazas de agentes, se han querellado contra esta edil y contra la alcaldesa, Isabel Martín, por injurias y calumnias.
En un escrito remitido por los policías, aseguran que ayer presentaron una querella contra ambas y contra "las personas y medios de difusión pública responsables".
Según afirman los tres policias locales, no han ejercido "ninguna amenaza ni coacción" sino "más bien al contrario" cuando se mantiene a un interino sin haber superado las pruebas de selección en su puesto "por el mero hecho de tener una relación sentimental" con la concejala, "impidiendo que los verdaderos aptos no lo hagamos".
El pasado día 1 el Ayuntamiento de Paiporta condenó en un comunicado el supuesto acoso de estos policías y denunció que la concejala ha sido sometida a "un seguimiento durante muchos días" en los que "la fotografiaron e hicieron seguimiento de sus actividades", así como las de su hijo menor de edad.
Según el Ayuntamiento, esta vigilancia ha corrido a cargo de detectives privados contratados por los policías después de "la revisión de oficio de una oposición convocada de manera fraudulenta por el anterior gobierno local", que detentaba el PP.
Los policías acusados señalan que existe un procedimiento penal abierto en el Juzgado de instrucción número 2 de Torrent contra la concejala y la alcaldesa por un presunto delito de prevaricación, "al estar impidiendo de forma consciente y con un claro interés personal" el cumplimiento de una sentencia firme dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia que obliga al consistorio "a dejarnos acceder a nuestras plazas".
Pese a ello, indican, la concejala y la alcaldesa "han elaborado un sinfín de procedimientos jurídicos no válidos con la única intención de no cumplir con lo señalado judicialmente".
Ese "incumplimiento" responde, según manifiestan, a cuestiones "de interés personal", entre otros por "la presunta existencia de una relación sentimental entre la concejala y el interino".
Los policías encargaron un informe a un detective privado que acreditó, según aseguran, la relación sentimental entre ambos, y que las políticas han hecho público "con la única finalidad de tergiversar y enmascarar la realidad" y sin "decir nada de forma intencionada" sobre la relación sentimental.
