El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una propuesta de resolución en la que reclama al Consell que introduzca mecanismos de control que aseguren que ninguna corporación municipal pueda incluir requisitos en la uniformidad de la policía local diferentes a los requisitos establecidos en la normativa vigente sin solicitar la correspondiente solicitud.
La petición de Podemos en Les Corts viene motivada por los casos de Torrent – donde incluso la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias tras la denuncia del PP local-; Paterna – donde finalmente el caso ha quedado desestimado tras las reticencias del Secretario municipal- y Requena.
Podemos, en la moción, plantea que se arbitren sanciones administrativas en la propia normativa que regula la homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana para aquellas corporaciones locales que incumplan los procedimientos establecidos para introducir cambios y mejoras en la uniformidad de la policía local.
La diputada del grupo parlamentario Podemos-Podem, Cristina Cabedo, ha recordado que según el artículo 8 de la Ley 6/1999 de Coordinación de Policía Local, es una competencia del Consell determinar, homogeneizar y homologar la uniformidad de la Policía Local.
No obstante, la diputada recuerda que este decreto en su artículo 3 indica que, como consecuencia del desarrollo tecnológico o por necesidades del servicio, operatividad o estética, las corporaciones que estimen oportuno incorporar o modificar alguna pieza o elemento no recogido expresamente en el decreto, podrán proponer la introducción de las mejoras en la uniformidad de los miembros de sus unidades, una vez su propuesta sea estudiada por el Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales y la conselleria competente.
Sin embargo, advierte Cabedo, “a pesar de establecerse este silencio positivo, el decreto no dispone nada si ocurre lo contrario” es decir, que la norma no prevé control o sanciones en el caso de que los concursos públicos de las corporaciones locales establezcan requisitos diferentes a los establecidos por el decreto sin solicitarlo.
Esta falta de control, indica la parlamentaria, “puede dar lugar a prácticas poco transparentes que beneficien intereses personales o privados, como corporaciones locales que a través de pliegos técnicos de concursos públicos beneficien a ciertos fabricantes o proveedores, configurando así redes clientelares y de corruptelas”.
Cabedo ha presentado también preguntas referidas a los ayuntamientos de Torrent, Requena y Paterna interesándose sobre si estos consistorios han propuesto a la Generalitat la introducción de mejoras en la uniformidad de los miembros de su policía local y si es así, si se notificó la resolución al respecto por parte del Consell en los tres meses siguientes a la fecha de entrada de la propuesta en el registro del órgano competente en su tramitación.
