Podemos busca incumplimientos de contrato de la empresa para devolver el departamento de salud de Manises a la gestión pública a coste cero

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foto nota prensaEl diputado de Podemos en Les Corts y portavoz en la comisión de Sanidad, Daniel Geffner, ha visitado hoy el municipio de Manises para reunirse con el Comité de Empresa y la Junta de Personal del departamento de salud de Manises, de gestión privada. Por la tarde, tenía prevista una reunión con usuarios y plataformas en defensa de la sanidad pública de este área sanitaria. El objetivo, hacer un diagnóstico de la calidad asistencial que reciben los ciudadanos adscritos a un área de salud gestionada por empresas privadas.

Geffner ha reconocido que Podemos está en contra de este modelo de gestión en el que una empresa privada, o una UTE, en este caso, gestiona los recursos públicos por lo que ha defendido, aún antes de concluir el análisis de la situación, que tanto el área de Manises como los otros departamentos de la Comunitat Valenciana que funcionan con este mismo modelo, sean recuperados y ofrezcan gestión pública. Así se firmó, ha recordado, en el Pacto del Botánico, entre los dos partidos gobernantes -PSPV y Compromís- y Podemos.

El diputado autonómico ha señalado que su grupo está a la espera de recibir los pliegos y los contratos que se suscribieron con las UTE que gestionan estas áreas de salud para analizarlos al detalle y, con la información recogida tras las reuniones de trabajo mantenidas con trabajadores y usuarios, buscar incumplimientos de las concesionarias para poder rescindir los contratos sin esperar a que cumpla el plazo (2023 en el caso de Manises) y a coste cero para el Gobierno autonómico.

Ante esta circunstancia, Geffner ha informado hoy a los trabajadores de su compromiso de mantener sus puestos de trabajo si la gestión vuelve a ser pública aunque ha reconocido que los detalles sobre las condiciones de esos empleos dependerá de las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Sanidad.

Entre 15 y 20% menos de trabajadores

Tras la reunión de cerca de tres horas primero con el Comité de Empresa y, después, con la Junta de Personal, Geffner ha señalado que está corroborando que las áreas de salud de gestión privada tienen una plantilla de trabajadores entre un 15 y un 20% inferior a la de las áreas de gestión pública para una población similar.

Según el diputado de Podemos, la búsqueda de una rentabilidad económica por parte de la empresa privada puede estar detrás de esos recortes en la plantilla, una búsqueda de beneficios que no se da en la gestión pública. En ese sentido, ha señalado, como le han comentado los propios trabajadores, que al ser menos empleados, las jornadas son más largas y las condiciones de estrés que soportan son mayores lo que podría conllevar a cometer errores. De hecho, ha hablado de que el 66% de los médicos y el 70% de los enfermeros han pedido un traslado de departamento en los últimos meses.

“No se trata, por tanto, de una cuestión meramente laboral que podrían denunciar los sindicatos, sino que esos problemas se trasladan a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos”, ha declarado el diputado autonómico, quien ha incidido en la necesidad de buscar, por parte de la autoridades, la “equidad” en el servicio que reciben los ciudadanos de toda la Comunitat Valenciana tanto si dependen de una gestión pública como de una gestión privada.

“Vaciando” el Hospital Militar

Preguntado al respecto, Geffner ha asegurado que se ha tratado en concreto el caso del Hospital Militar y, al respecto, ha señalado que los trabajadores le han informado de que se están reduciendo los servicios como el número de camas que ha pasado de unas 50 a una 20, uno de los laboratorios ha dejado de funcionar y algunas especialidades se han retirado de este centro sanitario, además de que se ha trasladado a parte del personal.

En ese sentido, el diputado ha reconocido que los trabajadores hablan de que la dirección del departamento de salud está “vaciando” el Hospital Militar a pesar del documento suscrito por la Conselleria hace más de seis años en el que se comprometía a convertirlo en un centro de referencia para los habitantes de Mislata. Según Geffner, la dirección argumenta que, después de ese acuerdo, se han suscrito otros y, por lo tanto, no están incumpliendo el contrato.

 

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