Picassent aprueba una moción a favor de la derogación del copago farmacéutico para los discapacitados

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El Ayuntamiento de Picassent ha presentado una moción en el pleno municipal del pasado 25 de abril en el que se insta a la Generalitat Valencia a que derogue el llamado copago farmacéutico para las personas con alguna discapacidad. La moción fue aprobada por mayoría con los votos a favor del PSOE y Compromís, y la abstención del PP.
En la moción también se solicita a la Consellería de Bienestar Social que agilice la valoración de los 11.000 expedientes de dependencia, que todavía están por tramitar.

Esta reivindicación se suma a las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia con el objetivo de defender los derechos y el bienestar de las personas dependientes.

Tras la aprobación de la Ley 10/2012 del 21 de diciembre, se eliminó la gratuidad de la prestación farmacéutica y ortoprotésica a las personas con algún tipo de discapacidad, con lo que están obligadas a pagar el 40 o 50% del valor de los medicamentos.

Una imposición que, según informa el Colegio de Farmacéuticos, está provocando que aproximadamente un 20% de las recetas no se estén retirando, así como que cada vez sea más frecuente que antes de comprar la medicación se pregunte cuánto cuesta con el fin de saber si se pueden llevan o no la totalidad de los medicamentos.

El concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha justificado la moción afirmando que “ya son varias las familias con personas con discapacidad las que están acudiendo a los Servicios Sociales municipales para solicitar ayudas; familias que han visto como los recortes y el copago están dejándolos en una situación insostenible”.

El concejal ha concluido que “estamos ante una consecuencia más de los brutales recortes tanto del gobierno central como del autonómico, que están mostrándose inclementes ante el sufrimiento de uno de los sectores más frágiles y desprotegidos de la sociedad”.

Por otro lado, según se argumenta en la misma moción, esta ley que obliga al copago de las personas con discapacidad entra en contradicción con otra del año 2008, donde “se reconoce la gratuidad de la prestación farmacéutica a menores en grado de minusvalía igual o superior del 33%”.

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