Sin embargo, los tres grupos de la oposición criticaron que ahora se dé carpetazo “sin explicaciones” al intento de privatización de la empresa pública cuando, desde el primer momento, desde Secretaría e Intervención se mostraron en contra de esa decisión. En ese sentido, los portavoces de PSPV, EU y Compromís preguntaron por qué se avanzó en el proceso para después dar marcha atrás y tras haber gastado alrededor de 120.000 euros, según Compromís, en informes externos sobre la privatización de la empresa.
En sus dos turnos de palabra, Ferre se limitó a señalar que la decisión de archivar el expediente responde a las reticencias y recomendaciones en contra de la privatización de los habilitados nacionales y no quiso referirse a más aspectos del proceso. Por su parte, la alcaldesa explicó que, con Agustí de alcalde, se tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización pero, tras revisar los informes de los funcionarios, se ha tomado “la decisión política por parte de este equipo de Gobierno” de mantener la empresa pública porque es la mejor opción para ofrecer “buenos servicios y eficientes”, según Martínez.
El archivo del expediente de la privatización quedó aprobado finalmente con los votos a favor de PP y PSPV y la abstención de Compromís y EU.
Así pues, Gespa mantendrá la encomienda de más de una veintena de servicios como el mantenimiento de edificios públicos, limpieza viaria de La Canyada, mantenimiento de jardines y poda, servicios jurídicos de Inclusión, Centros de Día de Menores, Vehículo Adaptado, Absentismo Escolar, talleres preelaborales o Conserjería y Notificaciones, entre otros.
Por otra parte, en el pleno también se ha aprobado de manera definitiva los presupuestos municipales de 2015 tras un mes en exposición pública. La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha recordado que este presupuesto destina más gasto al Bienestar Social que ningún otro en la historia del municipio con más de cuatro millones de euros en este apartado.
La alcaldesa lamentó que pese a las críticas de la oposición a lo que consideran una escasa participación ciudadana, ninguno de los portavoces de la oposición acudió al Consejo de Participación Ciudadana en el cual se debatió el presupuesto con las Juntas de Barrio. La alcaldesa ha declarado que “en el momento más complicado hemos hecho unos presupuestos dirigidos nuevamente, y más que nunca, a las familias que más sufren los efectos de la crisis económica”.
Entre otras cuestiones, el pleno aprobó la modificación de la ordenanza de Convivencia para flexibilizar las sanciones para los propietarios de animales que no recojan sus excrementos e incrementar el importe de las multas a aquellos que sean reincidentes. En ese punto, la alcaldesa anunció que se trata de un primer paso de un ambicioso plan para mejorar la limpieza en las calles que incluirá una campaña de educación, más lugares para el esparcimiento de los perros y otras medidas en las que el Consistorio ya está trabajando.
Por otra parte, se aprobó con los únicos votos a favor del PP una modificación del Plan General para cambiar el uso de un solar calificado como dotacional de uso educativo y poderlo destinar a la construcción de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en La Canyada. También en este barrio se va a llevar a cabo la construcción de una nueva superficie comercial, un proyecto que incluye beneficios para el municipio y para las arcas municipales ya que la empresa se encargará también de derruir una edificación abandonada y peligros ya de construir un retén para la Policía Local en la calle 29. Todo ello, con coste cero para el Ayuntamiento.
Acuerdo sobre vivienda social
Una de las mociones que ha sido aprobada durante la sesión plenaria ha sido la presentada por EU sobre vivienda social y de emergencia que ha salido adelante con una enmienda de Compromís que añadía doce acuerdos más y tras un acuerdo con los portavoces de todos los grupos municipales.
EU llevó la moción al pleno “ante los desahucios que está llevando a cabo la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y sin que el Ayuntamiento tenga herramientas para remediarlo ni para reaccionar una vez producido el desalojo”.
Según EU, las Viviendas Sociales surgieron para dar respuesta a situaciones de emergencia. La idea era crear comunidades mixtas, esto ayudaría a que gentes de distintas procedencias y orígenes sociales pudieran entenderse derribando prejuicios similares a los que hoy se dirigen hacia las personas más desfavorecidas social y económicamente.
“La situación socioeconómica que la estafa financiera e inmobiliaria que ha asolado el país ha creado se traduce en una desagradable tendencia en Paterna: primero, obviar la posibilidad de crear un sólido parque de vivienda social y protegida que alivie a las familias de una de las mayores pesadillas como es la de poder sostener y mantener la vivienda y, en segundo lugar, la progresiva creación de barrios ricos bien mantenidos y sostenidos, frente a barrios pobres cada vez más degradados dando lugar a una brecha cada vez mayor entre los habitantes sin crear una buena sociedad de iguales en derechos y oportunidades”, afirma el concejal de EU, Javier parra.
Ante esto, EU solicitó que se cree del modo más urgente posible un parque de vivienda social aprovechando las viviendas del stock inmobiliario que guardan los bancos y cajas que han recibido dinero público para que pasen a ser propiedad del Estado y de gestión municipal. Solicita también exigir a la EIGE que todas las viviendas que actualmente dispongan en el término de Paterna pasen a estar en poder del Ayuntamiento de Paterna y gestionadas por el municipio y sus técnicos “con criterios verdaderamente sociales e integradores”.
Se exige además que el Ayuntamiento de Paterna destine dichas viviendas para el alquiler social, facilitando el acceso a la vivienda a los jóvenes y familias de Paterna que necesiten un hogar. Se solicita que se cree la figura de Vivienda de Emergencia Social para atender contingencias graves e imprevistos para poder dar cobijo de modo digno y adecuado a personas que momentáneamente pierdan su vivienda. Por último, Esquerra Unida exige que se de orden de forma inmediata para que la Policía Local no participe de ninguna manera en los desahucios ni en ninguna de las actuaciones del EIGE.
Por su parte, las aportaciones de Compromís a la moción se incluye la creación de una partida presupuestaria mínima de 500.000 euros anuales, que se destinarán a llevar adelante un Plan de Alquiler Social y contra la Pobreza Energética. “Ahora sólo hace falta voluntad política por parte del PP y que lo lleve a cabo en el presupuesto de 2015”, señaló tras el pleno el portavoz de Compromís, Juanma Ramón.
También se ha aprobado que inmediatamente se impulse el Registro de Solares e Inmuebles pendientes de rehabilitar, que ya se aprobó, por unanimidad a propuesta de Compromís, en febrero de 2013. También se creará el Registro de Viviendas destinadas a alquiler social, así como un Registro Municipal de Solicitantes de Viviendas de alquiler social, coordinado y valorado por los Servicios Sociales municipales.
Además, “tenemos el visto bueno al acuerdo de hacer modificaciones normativas para llevar adelante un Plan de Autorrehabilitación de Viviendas públicas y que el futuro arrendado asuma los trabajos de rehabilitación de la vivienda asignada. Unos trabajos que se podrán descontar del coste del alquiler social, siempre con la supervisión de los Servicios Sociales”, ha señalado Ramón.
