Una semana antes declarará José Ramón Cuesta, hermano del ex gerente de Emarsa, Esteban Cuesta. Lo hará también como imputado el día 21 de noviembre a las 9.30 horas, según consta en la providencia fechada el 17 de octubre y hecha pública el día 19.

En otra providencia con fecha 18 de octubre, el juez manda solicitar al Ayuntamiento de Manises y a la Diputación de Valencia que identifiquen a la persona que llevaba la agenda de Crespo cuando era alcalde y vicepresidente de estas instituciones, respectivamente y confirme la asistencia de este a las reuniones de las comisiones de seguimiento de la Emshi.

La medida pretende atender las dudas que se suscitan en relación a la asistencia a las citadas reuniones por parte de Crespo e, incluso, sobre la existencia de alguna de ellas. Por ello pide que se verifiquen, en las agendas de Crespo y con remisión de la correspondiente página al Juzgado, las reuniones, actos protocolarios o cualquier otro evento público que conste señalado en dicha agenda los días 11 de marzo de 2005, 11 de abril de 2006, 30 de noviembre de 2006, 5 de febrero de 2007, 19 de septiembre de 2007, 6 de marzo de 2008, 28 de noviembre de 2008, 18 de febrero de 2009 y 15 de febrero de 2010 y si hay constancia de la asistencia de Enrique Crespo a algunos de dichos eventos.

Por otra parte, en un decreto con fecha 18 de octubre se ha ordenado embargar los bienes que constan como propiedad de de la empresa administrada por el ex informático de Emarsa, Santiago García ‘Chanín’, Sofitec Informática, SL, hasta sumar 3.650.000 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una posible responsabilidad de la empresa en el caso Emarsa.

En él, se señala que el 15 de junio se dictó un auto por el que acordaba mandar al Administrador de Sofitec Informática, SL que prestara fianza en la cuantía de 3.650.000 euros.

Y aunque el administrador de la entidad no señaló bienes de su propiedad, consta en el juzgado que Sofitec Informática, SL, es titular de una finca urbana sobre los que se ha ordenado un embargo preventivo.