La sentencia, de la que se ha dado cuenta en el pleno ordinario de septiembre, condena al Ayuntamiento a optar entre la readmisión de las trabajadoras o al pago de las indemnizaciones (16.180 y 13.772 euros). En cualquiera de las dos opciones, la sentencia determina que el Consistorio debe abonar a las educadoras los salarios que han dejado de percibir desde la fecha del despido.

El Ayuntamiento, por recomendación de su asesoría jurídica, ha optado por la readmisión de ambas empleadas y el pago de los salarios que han dejado de cobrar desde que se hizo efectivo su despido y la amortización de sus plazas.

Para el portavoz de EU, Javier Parra, esta sentencia es la demostración de que “se estaban haciendo las cosas mal” en materia de Personal por lo que ha solicitado la dimisión del concejal responsable, Jesús Giménez, y, en caso de que no la presentara, ha pedido al alcalde que lo cese.

Según Parra, la demanda de estas dos trabajadoras no es la única por lo que, “seguramente, llegarán más sentencias en ese mismo sentido”. Compromís también ha preguntado sobre las consecuencias que esta sentencia y otras similares tendrían para el Consistorio.

El alcalde, Lorenzo Agustí, ha explicado que, según el informe del asesor jurídico, la sentencia declara improcedente los despidos por la situación personal e individual de las dos trabajadoras y no por que el proceso de amortización de las plazas se haya hecho de manera irregular.