La alcaldesa de Rocafort, Amparo Sampedro, conoció los hechos tras la reunión que mantuvo con el propietario de la parcela y su propietario a finales del pasado mes de abril. Según Sampedro, “la intervención municipal, la nueva secretaria general y yo misma conocimos la gravedad del asunto tras la reunión. Pensábamos que venían a solicitar licencia de obras puesto que la modificación del PGOU la había convertido en edificable y venía a reclamar el pago de la expropiación y los intereses de demora desde 2007”.

Tras conocer las intenciones del propietario, la alcaldesa contastó que los hechos se remontan al año 2007 cunado el propietario de la parcela, a la vista del silencio del Ayuntamiento, presentó ante el Ayuntamiento en 2007 Hoja de Aprecio y en vista del silencio del Ayuntamiento, el propietario se dirigió a los tribunales.

La alcaldesa de Rocafort recordó que incluso “desde el momento en que el ayuntamiento conoció la Hoja de Aprecio del propietario, en 2007, el Ayuntamiento debió consignar el dinero necesario para hacer frente a esa expropiación”.

Además el anterior equipo de gobierno tramitó una modificación del PGOU (la número VIII) que pretendía, entre otros, la clasificación de esa parcela (declarada zona verde en el PGOU) como parcela urbanizable.

Sampedro explicó que en las actas de las comisiones de Urbanismo celebradas para la aprobación de esa modificación, de la que formaban parte tanto Llácer como Navarro, “se constata que la modificación se llevó a cabo para evitar el pago de la expropiación. Sin embargo, no consta en el expediente ningún acuerdo o convenio con el propietario al respecto”.

Sampedro explicó en el Pleno que “una vez aprobada definitivamente la Modificación Puntual núm. 8 por la que la citada parcela pasó a ser edificable, el anterior gobierno no comunicó a los Tribunales que debía desaparecer el objeto de la expropiación” Por lo que finalmente, en diciembre de 2011 entró el Ayuntamiento la sentencia que obligaba al pago de 880.344€.

El lunes 28 de mayo, la alcaldesa trasladó a los miembros de la comisión de Urbanismo el proyecto del presupuesto que incluye el pago de la expropiación y los intereses de demora, así como el informe emitido por la secretaria general.

Según Sampedro, en la comisión de Urbanismo “el portavoz del PP exigió que se depuraran responsabilidades”, olvidando que “él era el concejal de Hacienda y miembro de la comisión de Urbanismo, durante la época en la que se gestionó todo este despropósito”.