Estas irregularidades en el catastro y la declaración de esos bienes por debajo de su valor ha supuesto una pérdida anual de 100.000 euros para las arcas municipales.

Según explicó la concejala de hacienda, Pilar Ureña, “el anterior equipo de gobierno estaba consintiendo grandes desigualdades entre los vecinos. Los sí que pagaban en relación a sus viviendas, bajos o comercios y los no habían actualizado sus datos y estaban pagando muy por debajo a lo que les correspondía”.

El alcalde de la localidad, Enrique Ortí afirmó que “el recorrido de campo previo a la revisión catastral vuelve a sacar a la luz otro ejemplo más de mala gestión y de pérdida de recursos municipales por parte de PSOE y EU, que deberían haber actualizado el catastro y fomentado la regularización de los datos catastrales”.

Una vez subsanadas las irregularidades las arcas municipales ingresarán una media de 100.000 euros al año procedente de la actualización de las irregularidades.

Algunos de los casos más llamativos que se estaban produciendo eran fincas construidas que habían omitido su declaración de alta nueva en el catastro, ampliaciones de naves sin declarar o superficies comerciales valoradas como almacenes cuando son comercios.