De aprobarse la propuesta del Gobierno socialista de Alaquàs, los dueños de perros y otras mascotas tendrán que pagar un mínimo de 30 euros, 80 en caso de que sean considerados peligrosos. El argumento de control de la población resulta para Pons “completamente insostenible”.

El portavoz del PP asegura que “está claro que la imposición de la tasa está motivada por la nefasta gestión económica del Ayuntamiento de Alaquàs que tiene una deuda total superior a 55 millones de euros".

“Si imponemos más pagos, lo que hacemos es fomentar el abandono de los animales”, argumenta Pons quien considera “es una tasa injusta porque conlleva que todos los propietarios de mascotas tengan que pagar un dinero independientemente de si recogen o no los excrementos”, en el caso de que la nueva tasa se justifique por el coste de la limpieza.

En ese sentido, el PP propone “que se incremente la vigilancia y las sanciones a quienes no recojan los excrementos”, además de considerar que la tasa “serviría como una tácita invitación a que nadie recoja los excrementos, pues habrían pagado de todos modos la tasa aunque no ensuciaran”.

Por otra parte, Pons ha explicado que su grupo duda de la legalidad de esta medida y, por ello, el PP ha encargado un informe jurídico al respecto ya que “esta tasa supondrá pagar dos veces por el mismo servicio, pues ya se paga a la concesionaria de la limpieza viaria por retirar los excrementos caninos”.

Según el PP, la ordenanza contempla también el secuestro del animal hasta que el dueño pague la tasa, y si no lo hiciera se sacrifica al animal. Si los servicios municipales se encontrasen con un perro u otra mascota sin la chapa identificativa del pago, puede ser capturado y llevado a las dependencias municipales, señalan desde el grupo de la oposición.

Trascurrido el plazo de 20 días sin que se haya presentado el dueño del perro a reclamarlo, se podrá adoptar algunos perros y otros, según se señala en la propia ordenanza, se sacrificarán.

“Es una auténtica aberración y un sinsentido. Es de suponer que la coalición de Bloc-Els Verds no votará a favor de esta ordenanza, por lo que tenemos la esperanza de que no llegue a entrar en vigor. La solución a la suciedad pasa por la concienciación y la sanción, no por el cobro indiscriminado”, concluye Pons.