En esta denuncia indican que la costa de Alboraia, codiciada por empresarios del sector inmobiliario, ha sido objeto de actuaciones de las autoridades competentes en materia de urbanismo en las cuales “se produjeron ilegalidades, medias verdades y silencios, regalo de millones de euros mediante cambios muy sutiles en la planificación urbanística y manifestaciones en las que se faltó a la verdad en la narración de los hechos”.

La AVV de la Patacona comparte la argumentación aludida hoy por Compromís: en un área de 110.129 metros cuadrados se han construido hasta una docena de edificios sin respetar la servidumbre de protección de 100 metros que establece la actual Ley de Costas, amparándose el promotor en la falsa clasificación de suelo urbano que no corresponde con este terreno y que se ha esgrimido para urbanizar tal área en base “a una cadena de errores” administrativos.

“Desgraciadamente el Ayuntamiento de Alboraia ha manifestado en varias ocasiones que la clasificación que correspondía a los repetidos terrenos en esa fecha -1988, fecha de aprobación de la actual Ley de Costas- era la de suelo urbano”, explican los vecinos en la denuncia presentada.

Según ésta, el 11 de septiembre de 2006 el consistorio envió un informe del departamento de Urbanismo a la Demarcación de Costas en Valencia del Ministerio de Medio Ambiente. Cumplía así con lo demandando por ésta para el procedimiento de deslinde de la costa de Alboraia a efectos de conocer cuál era la clasificación urbanística del suelo de la franja litoral del municipio en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas.

En este informe se indicó que el Plan General de Valencia y su comarca y la modificación de éste clasificaron todo el litoral como suelo urbano. En consecuencia, deberá modificarse el límite de la zona de servidumbre de protección para adecuarse a los 20 metros en aquellas zonas que se ha grafiado con una distancia de 100 metros”.

Hubo un segundo informe enviado a la Demarcación de Costas el 17 de octubre de 2006, después de que ésta advirtiera de que tal clasificación no se correspondía con lo que aparecía en el Inventario de usos costeros de la provincia de Valencia, realizado en 1988 por un equipo de arquitectos y urbanistas de la Universidad Politécnica de Valencia. Sin embargo, el consistorio ratificó lo señalado en el primer informe y “desacreditó el inventario”, relata la denuncia de la AVV.

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2006 el Ayuntamiento remitió un informe similar a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, después de que ésta emprendiera el trámite para decidir si incoaba o no un procedimiento sancionador.

Este procedimiento se emprendió el 27 de abril de 2005 por denuncia de la Demarcación de Costas en Valencia del Medio Ambiente. A esta denuncia inicial se acumularon otras dos, las de Ecologistas en Acción y Julio Sanz. Ni estas denuncias ni el expediente sancionador se han resuelto hasta ahora.

En la denuncia se advierte de que los documentos remitidos por el consistorio “aparentemente proceden de una administración pública: el Ayuntamiento de Alboraia, y los elementos no veraces que se han incorporado a los mismos son esenciales, ya que son aptos para lesionar la protección del demanio marítimo-terrestre y evitar que se puedan corregir las infracciones administrativas que ya se han producido en la franja llamada de servidumbre de protección del tramo de la costa de Alboraia a que se refiere esta denuncia”.

Por todo ello, la AVV de La Patacona pide que se resuelva esta denuncia por si los hechos descritos “pudieran ser constitutivos de infracción penal”. © Sandra Quintero//Hortanoticias