Así lo ha reclamado Sampedro después de que en un periódico regional se haya publicado que no se ha presentado el aval oligatorio por ley, por lo que el Registro de la Propiedad tiene paralizada desde hace año y medio la inscripción de la reparcelación de este sector. Mientras los propietarios de los terrenos afectos sí que han tenido que iniciar el pago de cuotas de las cargas de la urbanización de la zona.

En el escrito de los socialistas, la portavoz solicita que se le expida copia del convenio o contrato que el Ayuntamiento y la adjudicataria del PAI del Bovalar -Urbanite, SL- debieron formalizar en su momento.

“No olvidemos que mientras algunos propietarios están haciendo frente a un aval bancario para garantizar a Urbanite, SL sus intereses, una ‘extraña’ connivencia entre la empresa y el Ayuntamiento podría estar poniendo en serio peligro el interés general de Rocafort”, ha explicado Sampedro.

Según fuentes socialistas, “si se confirma que el PP se ha permitido olvidar los intereses generales de todos los vecinos, se pondría en evidencia que el PAI que fue adjudicado sin la revisión preceptiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y con “un rocambolesco” procedimiento en su tramitación, ha constituido desde el inicio “una actuación poco clara”.

Las mismas fuentes recuerdan que el PGOU, que data de 1990, debió ser revisado en 1996 por un cambio de límites municipales.

En cualquier caso, añaden, el PP desde que entró a gobernar en Rocafort, en 1995, “se ha negado reiteradamente a revisar el Plan; y ha preferido “parchear” con modificaciones puntuales hasta agotar el territorio sin contemplar ni nuevas dotaciones, ni nuevas infraestructuras, ni nuevos servicios”.