Según el fallo del juzgado, la agrupación local del Partido Popular retiró la demanda cuando ya se habían realizado todos los trámites del juicio, y solicitó además que no se le impusieran las costas. La magistrada del caso accedió a dar por terminado el procedimiento judicial, pero lo hizo “con expresa imposición de costas por haber actuado con temeridad y mala fe”.

El PP de Albal interpuso esta demanda acusando al Ayuntamiento de ocultarles información, en relación con una solicitud de documentación, y eligió para la denuncia el procedimiento sumario de protección de los derechos fundamentales. Por su parte, el Ayuntamiento aportó las pruebas de que nunca había existido tal ocultación.

A la vista de la documentación aportada y cuando ya se habían realizado todos los trámites del juicio, como la vista, la apelación, la contestación a la demanda, la prueba y otros, el PP decidió finalmente retirar la denuncia.

Para el consistorio, “la interposición de este innecesario procedimiento judicial ha tenido como evidente y auténtica motivación razones de carácter político, que se apartan claramente de las que deben dilucidarse en los juzgados”.

El portavoz del grupo municipal socialista, Juan Arturo Hernández, manifestó que “el Ayuntamiento de Albal se está distinguiendo por la total transparencia y por facilitar toda la información que solicitan los miembros de la Corporación municipal” y, de paso, aseguró "que no es bueno acudir a la justicia para ensuciar la vida política”.