Mislata y Picassent se adhieren al Fondo Social de Viviendas del Gobierno central

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Los municipios de Mislata y Picassent han aprobado sumarse al Fondo Social de Viviendas que ha creado el Gobierno central junto a la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades bancarias para poner a disposición de familias desahuciadas el parque de viviendas vacías que existe en España.
Este Fondo tiene como objetivo disponer de viviendas de alquiler a bajo precio, las cuales serán destinadas a personas y familias que han sido desalojadas de su residencia habitual, a partir del 1 de enero de 2008, por impago de la hipoteca, y que, además, son personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad social. Un total de 6.000 viviendas, pertenecientes a diversas entidades financieras, forman parte del citado Fondo y los precios del alquiler oscilarán entre los 150 y 400 euros.

Propuesta ‘popular’

En Mislata, la propuesta de adherirse al Fondo se puso sobre la mesa en el anterior pleno municipal por parte del grupo del PP. Sin embargo, la iniciativa no salió adelante. Ahora, el Gobierno municipal llevará la propuesta al pleno y, previsiblemente, será aprobada.

Aunque la competencia municipal en la gestión de este programa es reducida, el alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa, ha explicado explica que “para que los ciudadanos de Mislata puedan acogerse a este Fondo Social de Viviendas es condición indispensable que su ayuntamiento se adhiera al convenio y obviamente es lo que vamos a hacer”.

Las entidades financieras prevén aportar a este fondo alrededor de 6.000 viviendas, aunque a día de hoy todavía no se conoce cuántas estarán ubicadas en Mislata o alrededores. El convenio establece que las viviendas se ofrecerán en exclusiva a familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por ese mismo banco y que cumplan una serie de condiciones, como no superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, no tener otra vivienda en propiedad o usufructo y encontrarse en una situación de “especial vulnerabilidad”.

Serán los Servicios Sociales municipales quienes certifiquen el cumplimiento de las premisas requeridas: familias numerosas, menores de tres años, miembros con discapacidad, desempleados, dependientes, enfermos graves o víctimas de violencia de género. Las solicitudes se remitirán a la entidad financiera titular del crédito cuyo impago haya originado el desahucio. El banco solicitará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una valoración de la situación del demandante, con el objetivo de priorizar siempre las peticiones que presenten una mayor necesidad o riesgo social.

Una medida más

En Picassent, el concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha explicado que “esta medida viene a sumarse a las diferentes acciones que el Gobierno municipal está llevando a cabo en esta materia, porque cualquier iniciativa que pueda paliar el grave problema que están pasando nuestros vecinos, contará siempre con nuestro apoyo”.

“Este convenio es una forma de iniciar la colaboración entre entidades bancarias y los ciudadanos que más lo necesitan, teniendo al Ayuntamiento como interlocutor”, concluye el concejal.

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