Mislata revoca el expediente disciplinario a la interventora y aprueba su reincorporación inmediata

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Mislata fue hace poco más de un año el primer municipio de España cuyo Gobierno local sancionaba con un año de suspensión a un habilitado nacional. Tras las elecciones y el vuelco electoral, la mayoría absoluta del PSPV, con el apoyo de EU, ha permitido que el pleno apruebe la revocación del expediente sancionador y la reincorporación de Herminia Llop a su puesto de interventora municipal de inmediato.

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El caso de la interventora de Mislata ha sido excepcional y polémico porque, al parecer, la suspensión por una falta grave la debe determinar la autoridad autonómica y no el Gobierno municipal como fue el caso en abril de 2010. Primero, el gobierno del PP la suspendió de manera cautelar de empleo y sueldo y, después, confirmó la suspensión de un año cuando ya había cumplido seis meses.

Aunque debía de volver antes del mes de mayo, una baja médica, había impedido que cumpliera parte de la sanción que, ahora, ya no tendrá que cumplir pues el acuerdo plenario supone volver a la situación anterior a la sanción impuesta por el Consistorio. Sin embargo, la vuelta a la situación anterior supone que el Ayuntamiento remitirá el expediente al órgano autonómico competente, la Dirección General de Administración Local, y la interventora podrá reincorporarse a su puesto de trabajo la próxima semana.

Durante el debate plenario, los socialistas de Mislata han basado su argumentación en fundamentos jurídicos como una falta de competencia, ya que el régimen disciplinario aplicado a los funcionarios con habilitación estatal, como es el caso, lo regulan las comunidades autónomas. Según ha explicado la portavoz socialista, Mª Luisa Martínez, “ni el ex alcalde tenía competencias para incoar el expediente ni el Pleno para imponer la sanción, por lo que a nuestro juicio son motivos más que suficientes para provocar la nulidad de las actuaciones”.

Además de la incompetencia en la incoación y resolución del expediente, los socialistas han esgrimido también otro motivo para justificar la revocación: el incumplimiento del deber de abstención de algunos concejales del PP, sobre todo, de la que fuera responsable de Hacienda, Ligia Rodrigo.

Para los socialistas, “es evidente que la posición de los concejales del Partido Popular de Mislata no parecía la de meros informantes sino la de la parte denunciante. En especial, Ligia Rodrigo, que no debió haber votado a favor de la sanción a la interventora ni haber participado en el expediente, ya que mantenía una relación funcional con la empleada y una manifiesta incompatibilidad profesional y personal”.

“La interventora municipal, que intentó ser instrumentalizada por el PP por realizar informes contrarios al anterior equipo de gobierno, se reincorporará la semana próxima por dignidad y justicia”, concluye el alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

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