La demanda está cifrada en más de cinco millones de euros porque, como explica el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “el Ayuntamiento pagó más de lo que debía por la liquidación de los aparcamientos y, además, no reclamó los daños y perjuicios ocasionados”. Esta es la conclusión a la que han llegado todos los técnicos y expertos consultados.
Primero fue la auditoría encargada por Bielsa la que alertó de las irregularidades en la liquidación y luego la propia interventora municipal, que ya en su día denunció un posible “enriquecimiento injusto”, lo que le costó un expediente administrativo y una suspensión de empleo y sueldo por parte del anterior gobierno del PP.
Pero la opinión determinante en este proceso y que motivó que la Corporación Municipal aprobase el expediente de lesividad fue el informe del catedrático González-Varas, un experto en derecho administrativo de reconocido prestigio, que corroboró todas estas sospechas. Con todos estos indicios, el equipo de Gobierno ha decidido ir a los tribunales “para defender los intereses de los vecinos de Mislata. Estamos hablando de más de cinco millones de euros que deben volver a las arcas municipales. No reclamarlos hubiera supuesto una irresponsabilidad”.
Los informes técnicos certifican que en la liquidación a Lubasa se cometieron varias infracciones de la Ley de Contratos que fueron lesivas económicamente para el Ayuntamiento. La primera, el abono de 732.377, 78 euros en concepto de tasas e impuestos que ya estaban recogidas en el apartado de ‘Gastos generales’ y que, por lo tanto, se pagaron dos veces. Las otras, el pago de 1.162.464, 79 euros en concepto de ‘honorarios facultativos’ y 669.293, 98 euros como ‘beneficio industrial’, cuando la ley dice claramente que cuando se produce la resolución unilateral de un contrato por parte del contratista, a éste sólo hay que pagarle por la inversión realizada, quedando al margen estos dos conceptos.
Por otro lado, los informes concluyen también que, además de la incautación de la fianza, el Ayuntamiento debió haber exigido a Lubasa una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual. El informe de Intervención enumera y cuantifica una serie de conceptos susceptibles de indemnización, como los derivados del nuevo proyecto que el Ayuntamiento tuvo que licitar para acabar el parking de Músico Ibars y que ascendieron a 129.565, 07 euros. Pero, sobre todo, la interventora considera daños y perjuicios “los intereses devengados por la operación de crédito que hubo que concertar para hacer frente al pago de la liquidación, teniendo en cuenta que es un coste con el que el Ayuntamiento no contaba. Así como los intereses del préstamo necesario para financiar y ejecutar la obra inacabada de Músico Ibars”. Según los informes del tesorero y el técnico de contabilidad, los intereses ascendieron a 1.346.845, 51 euros y 1.411.211, 82 euros, respectivamente.
La cantidad resultante de todos estos conceptos, entre lo que se pagó de más y lo que no se reclamó a Lubasa, asciende a 5.451.758 euros, que son los que el Ayuntamiento espera recuperar con esta demanda. Con su presentación mañana en los juzgados, concluye Bielsa, “se demuestra lo que venimos denunciando desde años, que los intereses que defendió el Partido Popular no eran los de Mislata y que su proyecto de aparcamientos ha sido la operación económica más ruinosa de la historia de esta ciudad. Afortunadamente, aún estamos a tiempo de enmendarlo”.
