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Medio centenar de vecinos denuncia ante Conselleria la paralización de sus ayudas a la dependencia

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Medio centenar de personas de Quart de Poblet que han solicitado las ayudas contempladas en la Ley de de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, han acudido al servicio de asesoramiento y asistencia jurídica gratuitos para este colectivo ciudadano, para interponer una queja ante la Secretaría de Autonomía Personal y Dependencia de la Consellería de Bienestar Social porque sus expedientes están paralizados.
El servicio lo presta el Ayuntamiento gracias a un convenio de colaboración con el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV), que acaban de renovar el presidente de la asociación, Joan Planells y la alcaldesa, Carmen Martínez. Tres horas a la semana, abogados de Carrau Corporación atienden, previa cita, de forma gratuita en las dependencias del Centro Municipal de Servicios Sociales.

Según la memoria de 2010, durante todo el año los letrados abrieron 157 expedientes y realizaron 226 asistencias. En el 31, 8% de los casos, la consulta se debió a la paralización de los trámites porque la Conselleria no resuelve los recursos de alzada presentados por los afectados y sus familias bien por desacuerdos con el grado y nivel de dependencia reconocidos bien por la falta de aplicación de efectos retroactivos o de respuesta en las peticiones de responsabilidad patrimonial de la administración. En estos supuestos, se han interpuesto recursos de queja.

El informe recoge también que “siguen existiendo un gran número de expedientes paralizados, con la propuesta de Plan Individual de Atención aceptada, y a la espera durante meses de la correspondiente resolución administrativa”.

En el 10, 1% de los expedientes, el solicitante ha fallecido sin ver concluida la tramitación administrativa y, por tanto, sin disfrutar la prestación o el servicio reconocido, por lo que sus familias han planteado reclamaciones de responsabilidad de la administración. A fecha de hoy, continúan sin ser resueltas en su gran mayoría.

Las relativas a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar suelen ser desestimadas, aunque es evidente que alguien se ha ocupado de esas personas hasta su muerte. No obstante, sí suelen ser atendidas las demandas de los costes residenciales satisfechos durante la tramitación del expediente, aunque la Administración exige a los herederos diversos trámites burocráticos que, en ocasiones, disuaden de persistir con la petición.

El 23, 56% de las personas atendidas no estaban de acuerdo con el grado y el nivel reconocido: “han sido muchas las resoluciones recurridas en alzada tras reconocer una dependencia leve que no otorga derecho a disfrutar de ningún servicio o prestación de los que la Ley recoge”, explica la memoria, y el 10, 14% exige la aplicación de efectos retroactivos en la percepción de la ayuda.

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