Más de un centenar de vecinos se quedan sin ayuda a domicilio por la deuda de la Generalitat

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La Generalitat Valenciana adeuda al Ayuntamiento de Mislata más de 3, 5 millones de euros. La mayor parte de estos impagos corresponden a la financiación de servicios sociales, como el de ayuda a domicilio, gracias al cual, alrededor de 120 personas mayores dependientes reciben en su casa atenciones diarias. El Consistorio ha anunciado la supresión de este servicio hasta que la Generalitat salde su deuda.
Según han informado desde el Ayuntamiento, la viabilidad de este programa de ayuda a domicilio, cuyo coste asciende a 392.000 euros anuales, “ha entrado en una fase crítica”, ya que la Generalitat no paga el servicio desde el año 2009. Esta situación, además, se ha visto agravada en el caso de Mislata “por la delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, cuyas arcas municipales tienen que soportar una deuda de 40 millones de euros heredada del anterior gobierno del PP”, denuncian desde el Gobierno municipal.

Todo ello ha obligado al Consistorio a anunciar el cese temporal del servicio porque no puede seguir asumiendo íntegramente su coste. Como explica el concejal de Servicios Sociales de Mislata, Alfredo Catalá, en una carta remitida a todos los usuarios del SAD: “a pesar de nuestra voluntad por seguir prestando el servicio y asegurar la calidad de vida de las personas mayores, nos vemos obligados a cesar este programa. Y esperamos recuperarlo a la mayor brevedad posible”.

Mientras tanto, anuncia Catalá, “el Ayuntamiento seguirá prestando un servicio mínimo para que las personas más vulnerables, aquellas que no tienen familiares cercanos, no queden desprotegidas”. Entre las diferentes soluciones en las que trabaja Mislata, queda confirmada la estrecha colaboración de la ONG Cruz Roja.

El servicio a domicilio para personas mayores forma parte de un convenio suscrito entre la Generalitat y el Ayuntamiento, que incluye además la financiación de las ayudas de emergencia (vales de alimentos, ayudas a la vivienda o las becas de comedor que se dan a las familias con menos recursos). Y el Consistorio de Mislata no ha recibido ni un solo euro de la Conselleria de Servicios Sociales en 2010, 2011 ni 2012, viéndose obligado a adelantar no sólo los 392.000 euros que cuesta cada año el SAD, sino también todas las ayudas de emergencia, que en este ejercicio van a superar el millón de euros.

La oposición cree que Bielsa “elude su responsabilidad”

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento (PP y EU) han criticado la decisión tomada por el Gobierno socialista y han acusado al alcalde, Carlos Fernández Bielsa, de “eludir su responsabilidad” argumentando impagos de la Generalitat.

Según el grupo del PP, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento de Mislata desde hace años a los mayores y a las personas discapacitadas “es una obligación de las entidades locales y no de la Generalitat”.

“Sabemos la falta de recursos que sufren las arcas municipales por la crisis, pero ésta no debe afectar a los colectivos más desfavorecidos, no debe provocar una mayor carga para los más débiles. Lo que ha hecho Bielsa supone un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos, a los dependientes”, precisan desde el PP.

Las mismas fuentes explican que los Servicios Sociales en Mislata han dedicado muchos recursos a intentar paliar en gran medida las desigualdades y las necesidades existentes. En concreto, el SAD sirve de apoyo a dichos colectivos en la movilización, higiene y limpieza del domicilio. El Ayuntamiento de Mislata sufraga este servicio que cuesta más de 390.000 euros, excepto una parte que subvenciona la Generalitat y que para el año 2011 ascendió a 54.754.euros, aseguran los populares.

Por ello, consideran que “el Gobierno de Bielsa sólo busca los golpes de efecto para salir en la prensa y echar la culpa de sus desatinos a la herencia recibida”. Para la portavoz popular, Ligia Rodrigo, ” ser alcalde de Mislata no es sólo poner excusas para quitar derechos sociales”, en alusión a los programas de protección que ha eliminado tras llegar al poder como el PADI, el Programa de Atención y Ayuda contra la Drogadicción, PAM, SEAFI o la reducción de las ayudas de luz y alquiler, entre otras.

Para los populares “es una contradicción que se mantengan todo tipo de actividades lúdicas y festivas, que se publiquen revistas para darse publicidad, que se mantenga un chófer al servicio del alcalde, que se realicen ampliaciones de la Empresa Pública Nemasa (1.300.300´-€), y luego, con la excusa de que no hay dinero, se le esté quitando prestaciones sociales a los que más lo necesitan. Tal vez porque son los más débiles y porque posiblemente estas personas estén cautivas, física o intelectualmente”.

Además, aseguran desde el PP que, desde noviembre de 2011, “se ha prestado este servicio sin contrato con la empresa que lo gestionaba. Se ha mantenido a las trabajadoras con una inseguridad manifiesta lo que con la Ley de Contratos en la mano constituye una infracción del Ordenamiento Jurídico, que tiene los consiguientes reparos desde el departamento de Intervención”.

Por su parte, el concejal de EUPV, Salvador García de la Mota, ha asegurado que “Carlos Fernández se ha puesto la venda en los ojos y no quiere ver la otra realidad social de Mislata. Esa otra realidad que sirve para rellenar los programas electorales, pero poco rentable en materia de votos: el estrato social más bajo que siempre acaba pagando las pugnas políticas, la irresponsabilidad de algunos gobernantes, los oportunismos y la falta de compromiso social.”

Según De la Mota, en esta línea de recortes, en el 2012, el PSOE de Mislata rebajó las ayudas sociales en un 25% (en relación con el dinero destinado a estas partidas el año anterior) y, en estas fechas, con la entrada del nuevo ponente de servicios sociales, están dejando de pagar la deuda de los expedientes aprobados a los usuarios de Servicios Sociales. “A su vez, se ha dejado de recoger documentación para nuevos expedientes hasta primeros de año aludiendo a la falta de presupuesto, como si las necesidades más básicas de las personas y el derecho a una vivienda donde guarecerse tuviesen fecha en el calendario del PSOE”, lamenta el concejal de EU.

Estos recortes son, para EUPV, el resultado de “una mala gestión y una falta de sensibilidad total y absoluta con los vecinos que lo están pasando peor”. Sin embargo, denuncia De la Mota, “estos recortes no afectan a la política chapucera, interesada y amiguista de movilidad del personal en el Ayuntamiento, en la que no hay recortes, sino todo lo contrario. Se otorgan nuevas responsabilidades a dedo, con la consiguiente subida de salario, se crean nuevos puestos -también con sueldos más altos- para otros funcionarios y se vende a la población la falacia de que los recortes al personal y a los políticos servirían para cubrir las necesidades de Servicios Sociales”.

El concejal de EU propuso en la última Comisión de Interior un gran proyecto social para paliar las deficiencias de pago de la Generalitat y gestionar mejor los recursos económicos destinados a la partida de servicios sociales consistente en convertir el Centro de Día (terminado y cerrado) en un gran Centro Social. Pidió sensibilidad, imaginación y ganas de trabajar a los componentes del equipo de gobierno del PSOE y, para ello, dijo que “es necesario y urgente un consenso político y contar con todas las organizaciones vecinales y sociales que están trabajando a favor de las personas más necesitadas”.

“Es urgente que se coordine este esfuerzo y que tengamos un Economato Municipal, un Comedor Social y unos espacios de ayuda y colaboración en coordinación con otras áreas transversales de la política municipal: transporte urbano, cursos de formación y voluntariado. Sin prescindir de aquellas atenciones a domicilio que sean necesarias, aunque dependan económicamente de la ayuda de la Generalitat”, matizó.

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