Más de 330 falleros piden al Consell una normativa flexible que regule la actividad de los casales

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Unas 120 comisiones falleras de la provincia de Valencia se reunieron ayer en el TAMA para debatir sobre la problemática de los casales y reclamar a la Generalitat una normativa específica y flexible que regule las licencias de actividad.

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La amplia respuesta a la convocatoria de la Junta Local Fallera de Aldaia dejó entrever que el mundo fallero opta por seguir las acciones de presión al Consell para lograr que esa normativa sea lo más flexible posible y adaptada a las actividades que realmente hacen las fallas.

Así, recordaron que los casales son también centros de carácter sociocultural donde se celebran actividades diversas, entre las que destacan el teatro, danzas populares valencianas, juegos de mesa y cenas de convivencia. Son además centros de reunión social en los barrios.

En total acudieron a Aldaia 335 personas en representación de 120 comisiones. Además de las nueve fallas de Aldaia, acudieron representantes de 19 juntas locales de Sagunto, Benaguacil, Gandía, Moncada, Alginet, Bétera, Buñol, Alaquàs, Torrent Albal, Catarroja, Manises, Alboraia, Alfafar, Picanya, Massanasa y Silla.

El acto estuvo presidido por David Solís, presidente de la JLF de Aldaia, y la alcaldesa de la localidad, Empar Navarro, quien actuó en calidad de anfitriona.

En la reunión se aprobó una propuesta de acuerdo para la recogida de firmas, en la que se pide al Consell que incluya en el nomenclator de la Ley 4/2003 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos un apartado específico que regule las actividades de los casales, en los que se llevan a cabo actividades socioculturales no lucrativas.

Los asistentes insistieron en que la normativa aborde en especial tres aspectos básicos: las salidas de emergencia, accesibilidad para discapacitados y la insonorización.

La finalidad de esta petición del mundo fallero es evitar la actual situación de “desamparo e inseguridad jurídica” que sufren los casales, lo que ha provocado el cierre de locales por orden judicial en algunos municipios valencianos.

Por esta razón, se pide que la nueva norma compagine el derecho al ocio y a las fiestas tradicionales de los falleros con el derecho al descanso de los ciudadanos.

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