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María José Alcón, en libertad bajo fianza de 150.000 euros tras declarar ayer ante el juez

La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, fue la única de los 24 detenidos ayer en la Operación Taula contra la corrupción en el PP de Valencia que pasó ayer a disposición judicial. Entro en el juzgado alrededor de las 22.30 horas y abandonaba el mismo al filo de la medianoche tras declarar ante el juez.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el conocido como Caso Imelsa y coordinó la operación policial ejecutada ayer, acordó la libertad de Alcón bajo fianza de 150.000 euros. Además, el juez, ha acordado el embargo de bienes como medida cautelar. La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia queda imputada (investigada) en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En la causa hay otros 28 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que empezarán a declarar ante el juez hoy.

En las próximas horas, los otros 23 detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que esta mañana, además, tiene previsto tomar declaración a otras cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas ayer. Entre estas cinco personas se encuentran el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del Grupo Municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido.

Entre los detenidos ayer, el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y los ex vicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina, este último, alcalde de Moncada en las últimas dos legislaturas.

La operación se desarrolló contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.


 
 
 

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