Los pliegos para la subasta de plazas de parking vulneran la ley al no proteger las plazas para discapacitados

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La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Mislata ha criticado la decisión del equipo de Gobierno de sacar las plazas de aparcamiento de los parking de Lubasa a subasta. Una medida que ha calificado de “poco ética aunque legal”. Sin embargo, han advertido de que no ocurre lo mismo con la ausencia de un tratamiento especial para las plazas que la ley obliga a reservar para personas con movilidad reducida y que son más grandes.
En los aparcamientos sí existen las plazas reservadas por ley y por una ordenanza municipal (una plaza para personas con movilidad reducida por cada 49, 5 de dimensiones normales que se construya), el problema es que en el expediente de enajenación se equiparan todas las plazas por lo que cualquier persona o empresa podrá adquirir las plazas reservadas para discapacitados sin necesidad de acreditar su minusvalía.

Al menos, no se exige en ningún momento de los pliegos documento alguno que acredite la posesión de un vehículo especial. Pero, además, según advierte la Coordinadora, aunque la plaza se venda por subasta a alguien con movilidad reducida, este podría venderla a cualquier persona porque no se especifica en los pliegos ningún control al respecto para garantizar que las plazas reservadas a este fin se destinen siempre a personas con movilidad reducida.

Es por ello que la Coordinadora ha solicitado que se le informe de si existe un procedimiento de adjudicación de estas plazas distinto del general y de si se ha establecido “alguna prevención que asegure que las plazas de estacionamiento de dimensiones especiales recaigan necesariamente en personas con movilidad reducida de manera que, aún en el caso de que su titular pretenda enajenarlas, se asegure que su uso siempre sea para el que fueron creadas”.

Asimismo, en el escrito que ha presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento, la Coordinadora solicita que “en el caso de que no se hayan contemplado las prevenciones señaladas, se devuelva el expediente a los departamentos competentes y se dictamine un nuevo pliego de condiciones en el que se garanticen los derechos constitucionales de las personas con discapacidad y movilidad reducida”.

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