Los dolores de cabeza del conseller Marzà

Cuando un responsable político tiene tantos frentes abiertos, como es el caso del conseller de Educación, Vicent Marzà, debería replantearse hasta qué punto su gestión se adecua a los intereses y a los deseos de la ciudadanía.

Es cierto que como conseller está plenamente legitimado a realizar los cambios que le parezcan oportunos en el ámbito educativo; es cierto que cuenta con el apoyo político necesario para llevarlos a cabo; y es cierto también, que la democracia es cuestión de mayorías. Sin embargo, también es cierto que su proyecto político es todo menos mayoritario. Hay que recordar que el apoyo electoral en la Comunidad Valenciana a la Coalición Compromís fue de un 18%. Un respaldo mínimo con el que la conselleria de Educación está abordando cambios significativos  en una sociedad que no los pide,  tal y como  se desprende de la última encuesta de Sigma Dos en la que el rechazo a la labor de su titular es del 40%,  por mucho que gobierne con un PSOE con el que numéricamente puede sacar adelante sus propuestas, pero que no son plenamente  coincidentes en sus programas electorales. Cuestión esta, que no hace más que demostrar que los partidos políticos en la mayoría de los casos, administran su respaldo electoral en función de sus cuotas de poder olvidando el mandato de la ciudadanía.

Ni en sueños el señor Marzá hubiera podido poner en práctica, como consecuencia del escaso respaldo electoral obtenido, su proyecto de ‘dirigismo cultural y educativo’ propio de otras épocas y otras mentalidades. Una imposición ideológica frente a lo que debería de ser la labor de todo buen gobernante, garantizar la libertad individual respetando siempre la opinión mayoritaria de la población. Sin embargo estas cuestiones tan básicas y repetidas por todos nuestros políticos se hacen muy cuesta arriba a la hora de cumplirlas cuando se utiliza el poder otorgado por el ciudadano como elemento legitimador de actuaciones sectarias y partidistas; sobre todo, cuando uno no se da cuenta que está de paso, o quizás precisamente por ello.

La cuestión de la lengua, desde siempre utilizada con carácter político, lejos de unir divide; lejos de fomentar su uso, desalienta y lejos de mostrarse atractiva, produce rechazo, al considerarla una imposición para aquellos que no pueden o no quieren utilizarla. El excesivo peso que se pretende dar al valenciano en los sectores académicos, profesionales y sociales discrimina en muchos casos a los ciudadanos que haciendo uso de su derecho a la libertad individual ven obstaculizado  su desarrollo profesional y personal. El requisito de la posesión del C1 que desde la Conselleria se exigía  para la contratación de personal docente universitario o la obligatoriedad de exigir la documentación en valenciano en los concursos públicos, así lo atestigua.

Aunque si esto no era suficiente, el Decreto de Plurilingüismo suspendido cautelarmente por el TSJ y recurrido por la propia Consellería ponen de manifiesto hasta qué punto nuestra lengua ha dejado de ser definitivamente un elemento de cohesión social para convertirse en un argumento de enfrentamiento político y social. No parece, por tanto, que existan argumentos como para agradecer a nuestros representantes la consecución de lo que debería suponer el uso de nuestra lengua,  un orgullo y la suerte de disfrutar de un idioma propio.

Pero si la lengua provoca enfrentamiento, no lo es menos la enseñanza concertada; otro frente que el conseller Marzà tiene abierto en canal con varios  recursos interpuestos al decreto de Arreglo Escolar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La desestimación  del concierto de 302 unidades de enseñanza obligatoria y la supresión de 27 de Bachillerato ha puesto en pie de guerra a miles de ciudadanos que se verán afectados por estos recortes educativos.

Teniendo en cuenta que en Valencia el 58% del alumnado elige la educación concertada y el apoyo al proyecto educativo de la Consellería está respaldado electoralmente por un 23% , parece que algo no cuadra aquí. Poco tiempo le queda a la Consellería para revertir una  realidad avalada por la libertad individual de los padres con respecto a la enseñanza de sus hijos. Quizás sería más conveniente mejorar la calidad en la educación pública; quizás sea más oportuno ampliar la obligatoriedad al bachillerato en lugar de restringir su acceso por motivos económicos. Quizás ésta sea la línea que debería seguir la Consellería: potenciar, en lugar de penalizar.

Y si con esto no teníamos revuelto suficientemente el patio, ahora nos sorprenden con algo verdaderamente sustancial: abrir un estudio sobre la influencia negativa en los resultados académicos que tienen las vacaciones escolares basadas en las festividades religiosas. Y es que no hay nada como la laicidad educativa para conseguir una educación de calidad; es bien sencillo, que nuestros hijos se coman el turrón y la mona de pascua en clase y todo solucionado. Acabo de comprender a qué se debe el déficit de nuestro sistema educativo y de qué manera esta cuestión ha influido en la preparación académica e intelectual de los actuales responsables de la Consellería.

Después de tantos cambios y novedades, en donde radica verdaderamente mi duda es, en  cuándo alcanzaremos los niveles más altos en el informe PISA. Esa es la única realidad. Centrémonos en lo sustancial y dejemos las florituras electorales y los fanatismos ideológicos para otras cuestiones de menor enjundia y que ocasionen menos dolores de cabeza.

María José Capilla| @mj_capilla | Foro de Opinión José Luis Sampedro