Los acusados del incendio de una residencia en la que hubo cinco muertos negocian para eludir la prisión

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Los acusados por el incendio en marzo de 2006 en una residencia de Massamagrell en el que fallecieron cinco internos negocian una conformidad que incluiría, a parte de indemnizaciones para las familias de las víctimas, la asunción de penas que no implicarían el ingreso en prisión de ninguno de los cinco acusados.

El comienzo del juicio por estos hechos, señalado para el miércoles 19 de octubre en el Juzgado Penal número 12 de Valencia, se ha suspendido hasta las 10.00 horas de mañana, con el fin de que las diferentes acusaciones y defensas que intervienen en la causa alcancen un acuerdo definitivo.

El fiscal reclamaba inicialmente indemnizaciones de 120.000 euros para las familias de las víctimas, además de penas de siete años y medio de prisión para el propietario de la residencia y su hijo -administrador y director en funciones del centro cuando se produjo el incendio- y el director y un médico del establecimiento, y les imputaba cinco delitos de homicidio por imprudencia.

No obstante, según han señalado varios letrados de la defensa, además de unas indemnizaciones que no han concretado, podrían conformarse penas para los acusados por “una imprudencia temeraria, unos, y una falta, otros”, mientras que “alguno saldría no imputado”.

Con este ya son tres los aplazamientos que ha sufrido el inicio de la vista, las dos anteriores, ambas en 2009, por la muerte de uno de los particulares de la acusación y la adición al procedimiento de una aseguradora que cubra la responsabilidad civil de un imputado.

Uno de los abogados ha indicado que, a pesar de que la “práctica totalidad” de las partes estaba de acuerdo con las condenas penales e indemnizaciones planteadas, no se ha alcanzado finalmente la conformidad, aunque prevé que “mañana sí”.

Los acusados podrían ser condenados a penas que van “desde una imprudencia temeraria a una falta”, e incluso “alguno de ellos resultaría no imputado” por el “carácter accidental” del incendio. Al respecto, la defensa señala que el cierre con llave de la puerta de la enfermería, donde se encontraban las víctimas y donde se inició el incendio, es una práctica “autorizada y protocolizada, con constante control médico-forense, judicial y administrativo”.

Los hechos sucedieron el 28 de marzo de 2006, cuando una mujer de 50 años y cuatro hombres, de 80, 65, 50 y 30 años, todos ellos con problemas de movilidad causados por disfunciones cerebrales, murieron en el incendio declarado en la residencia San Lorenzo de Brindis, ubicada en el término municipal de Massamagrell.

Según el relato del Ministerio Público, los acusados acordaron que, cuando los internos estuvieran solos en la enfermería, ésta “debía cerrarse con llave”, lo que provocó que el día del incendio las cinco víctimas, encerradas, no pudieran salir del departamento y murieran atrapadas.

Ese día, uno de los internos encerrados tuvo una “actitud violenta” y fue sedado por el médico y atado a la cama con correas ajustadas a las muñecas y a los tobillos.

Sobre las 19.20 horas, logró desplazar la cama y coger el cable del compresor de aire conectado al colchón, y, debido a una “anomalía eléctrica”, se produjo un sobrecalentamiento del mismo que quemó las sábanas y originó el fuego, que provocó la muerte de cinco personas.

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