Los 9 municipios de l’Horta de menos de 5.000 habitantes seguirán contando con asistencia técnica profesional

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La Diputación de Valencia ha renovado el convenio que mantiene con 16 colegios profesionales, cuyo principal objetivo es conseguir una acción coordinada entre la institución y los distintos colegios profesionales que permita que los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales con menor capacidad económica y de gestión puedan utilizar los servicios de estos técnicos especialistas. La institución provincial destina a este fin 1.600.000 euros anuales.

En palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, “este servicio que prestan arquitectos, ingenieros, arqueólogos o técnicos medioambientales, entre otros profesionales, nos parece cada vez más esencial para esos municipios de menos de 5.000 habitantes que sin la Diputación no podrían avanzar”.

En el caso de l’Horta, 9 municipios se beneficiarán de este convenio: Albalat dels Sorells, Albuixech, Alfara, Bonrepòs, Emperador, Massalfassar y Vinalesa, en l’Horta Nord y Beniparrell y Lloc Nou de la Corona en l’Horta Sud.

Para Rodriguez, “lo único que tenemos claro es que no dejaremos de lado ni a los municipios ni a los colegios profesionales y que seguiremos prestando el servicio” en referencia al conflicto abierto con Inspección de Trabajo en relación al régimen laboral de estos técnicos.

El presidente de la Corporación provincial y la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, han aprovechado la firma de los convenios para reunirse con los responsables de los 16 colegios profesionales y exponerles la actualidad del conflicto con Inspección de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabaran en sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que, según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin ningún tipo de problema”.

En ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009 y 2010, lo que “provocó que se siguiera empleando de buena fe esta fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en varios ayuntamientos un par de horas a la semana”.

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