La mayor parte de los términos municipales de las localidades de l'Horta Sud es inundable según la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y que entró en vigor en el mes de diciembre. En la práctica, esto ha supuesto la paralización de la concesión de licencias de obra y de actividad en todos los municipios pues para concederlas, esa nueva normativa contempla unas exigencias mucho mayores a las establecidas hasta ahora.
Y no sólo eso sino que, según la consellera, usurpa competencias autonómicas y entra directamente en conflicto con el PATRICOVA (el plan autonómico ante el riesgo de inundaciones), actualizado hace escasos meses y en el que se detalla minuciosamente el riesgo de cada una de las zonas y de los municipios de la Comunitat mientras que la normativa estatal unifica y aplica el mismo criterio 'matemático' en todo el territorio nacional para otorgar los diferentes niveles de inundabilidad.
A todo ello, Salvador ha añadido que se aprobó sin consultar al resto de administraciones, “con nocturnidad”, ha dicho, y por ello ha anunciado que la Conselleria presentará un requerimiento por 'invasión' de competencias y solicitará que se suspenda su aplicación.
Una aplicación que puede tener “consecuencias muy graves” para el desarrollo urbano y económico de los municipios como ha ejemplificado el alcalde de Albal, Ramón Marí, cuando ha tomado la palabra en nombre de los alcaldes y alcaldesas. Su ayuntamiento descubrió la existencia de este reglamento y sus consecuencias cuando tramitaba la concesión de una licencia de actividad para una chatarrería. Licencia que no pudo conceder porque el nuevo reglamento estatal “clarifica las limitaciones a los usos de suelo en zonas inundables, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y bienes”, según la información dada en su día tras el Consejo de Ministros que aprobó el reglamento.
Marí confía en que esta situación se deba a un error en la aplicación de la fórmula matemática aplicada para declarar las zonas inundables o no y espera que “la política pueda solucionar un problema causado por la propia política” y evitar que los ciudadanos sufran las consecuencias de este error.
El alcalde de Silla, Vicent Zaragozá, ha añadido, además, que aún cuando no la solicitud de licencia de actividad no implica una nueva construcción sino, cambiar la actividad ejercida en el mismo inmueble, la nueva normativa impide su concesión. En Silla, el reglamento estatal afecta sobre todo a su zona industrial y, en Alfafar, la representante del Consistorio que ha asistido a la reunión, ha explicado que está afectado el 94% de su término.
Comisión técnica
Además del requerimiento, con el que la consellera espera no tener que llegar a la vía judicial, en la reunión de hoy se han acordado otras medidas para mejorar la situación creada por el nuevo reglamento. Así, se creará una comisión técnica con trabajadores tanto municipales como de la Conselleria para elaborar una guía sobre "las normas constructivas y de adaptación al riesgo que sirva a los técnicos de los municipios a la hora de otorgar licencias".
En ese sentido, ha insistido en que el reglamento estatal no contempla ninguna peculiaridad del territorio y otorga un riesgo de inundabilidad a zonas que no lo tienen en el PATRICOVA, un plan que ha sido referente a nivel europeo y que es más preciso y mucho más adecuado al territorio que la normativa estatal.
A esta reunión también han asistido los alcaldes de Picassent, Xirivella, Sedaví, Quart de Poblet, Silla, Aldaia y Alcàsser y representantes de los ayuntamientos de Alfafar, Massanassa, Beniparell y Picanya, así como el director general de Ordenación del Territorio y Paisaje, Luis Ferrando.
