La Ley de la huerta sigue su tramitación en Corts mientras enfrenta a políticos y agricultores

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La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador ha presentado en Les Corts Valencianes el Proyecto de Ley de la hurta de València. Según ha defendido la consellera, esta iniciativa legislativa supondrá “un punto de inflexión” que permitirá proteger “y recuperar los valores sociales, ambientales, económicos y culturales de este espacio único”. En concreto, el Plan de Acción que acompaña la ley prevé proteger 10.000 hectáreas de huerta en 44 municipios.

Sin embargo, la ley tal y como está planteada ha generado polémica no sólo entre los partidos políticos sino también entre las diferentes asociaciones de agricultores. Mientras unos aplauden que se proteja la huerta de la especulación inmobiliaria, otros denuncian que se coartan las libertades del agricultor.

Salvador, ha destacado que, esta norma, se ha realizado mediante el “debate y consenso con todos los sectores sociales” y recoge, 17 años después, el “espíritu del dictamen del Consell Valencià de Cultura sobre la conservación de la huerta que los gobiernos anteriores nunca impulsaron”.

La Ley se desarrollará a través de tres figuras: el Plan de Acción Territorial (PAT) de la huerta, que ya está tramitando la Conselleria y que este mismo miércoles el DOGV publica la segunda exposición al público; el Ente de Gestión de la huerta y el Plan de Desarrollo Agrario que realizará la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Este último punto, según Salvador, evidencia que la ley se basa sobre todo en el “factor humano” porque tiene como “elemento fundamental y central del sistema de la huerta la figura del agricultor y su potenciación”.

El Plan de Acción Territorial (PAT) de la huerrta permitirá la conservación activa de más de 10.000 hectáreas, así como la definición y clasificación de los usos y actividades permitidos en cada uno de los grados de protección de la huerta y contempla medidas para hacer frente al abandono o mala utilización de las parcelas en el suelo agrario infrautilizado.

Según ha asegurado Salvador, la Ley “defiende a las personas, agricultores y agricultoras, que han sido los artífices en la modelación de este territorio durante muchas generaciones” y, por tanto, son “un elemento motor imprescindible de un sistema productivo, ambiental y cultural de extraordinario valor”.

En su defensa, la ley incluye medidas de gestión y financiación de la actividad agraria que fomentan su mantenimiento y la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican a ella. Así, entre la medidas ha destacado el Plan de Desarrollo Agrario, que tiene como finalidad la mejora de la renta de los agricultores garantizando la rentabilidad económica tanto de las empresas como de las explotaciones agrarias.

Santamaría (PP): “la ley se olvida de los agricultores”

Contrariamente a lo que ha defendido la consellera sobre que el factor humano es el pilar de esta Ley, desde el grupo parlamentario popular, el diputado Luis Santamaría ha denunciado que la Ley de la Huerta “se ha olvidado de los agricultores, ha antepuesto los caminos y las senda a las personas” porque “ni una sola de las alegaciones de los agricultores valencianos se han tenido en consideración a la hora de elaborar la ley”.

Así, ha advertido de que la Ley permite expropiar terrenos a los agricultores que podrán ser explotados por los agricultores profesionales lo que significa que “corremos el riesgo de que la huerta valenciana quede en manos de solo el 10 % de los agricultores” y que el 90 % se quede fuera..

El GPP ha solicitado la devolución de la Ley, la elaboración de un Informe de Viabilidad de las explotaciones agrarias afectadas y que el Plan de Desarrollo Agrario que esta contemplado en el artículo 45 de la norma, “se haga antes de aprobar la ley y de atribuir a los agricultores cargas insostenibles”.

Así, Santamaría ha señalado que las cargas que plantea la ley hace más difícil la viabilidad de sus explotaciones porque “no pueden modificar la estructura parcelaria, ni decidir qué planta en su huerto”. Además, ha denunciado que los agricultores “tendrán que cuidar del patrimonio hidráulico, arquitectónico, cultural y paisajísticos y, todo, gratis, a costa del agricultor”.

Del mismo modo, critican que se impida usar productos fitosanitarios, se imponga el cultivo ecológico sobre el tradicional y se limite el uso de la huerta impidiendo usos compatibles como “secadores de chufa, actividad ganadera o recuperar alquerías o establecimientos para el turismo”. Los populares consideran que se trata de una ley confiscatoria que contempla la expropiación de las parcelas que no se labren durante dos años.

“Se trata también de una ley especualtiva porque si limitamos el uso urbanizable, lo que sucederá es que subirá el precio de la vivienda y de los alquileres”, ha señalado Santamaría quien se ha preguntado “¿quiénes van a poder acceder a esos terrenos expropiados?, solo los agricultores profesionales que representan solo el 10 % del total de manera que corremos el riesgo de que la huerta valenciana quede en manos de solo el 10% de los agricultores de la huerta valenciana”.

Una argumentación que coincide con la de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) que ha anunciado al remisión a los distintos grupos políticos municipales de los 44 ayuntamientos de las poblaciones que van a verse afectadas de lleno por la futura Ley para la protección de la huerta de una solicitud para que los consistorios referidos aprueben mociones reclamando al Consell que introduzca una serie de cambios sustanciales en un proyecto cuya redacción actual, según AVA, “margina y relega a los principales protagonistas de la huerta: los agricultores”.

Tras el debate protagonizado hoy en les Corts Valencianes sobre esta iniciativa, que se ha saldado con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subrayó que “esta ley va a poner cadenas a la modernización y competitividad de los agricultores en un área emblemática por su situación periurbana, su significación histórica y su importancia socio-económica. Si a otros sectores económicos les impusieran las trabas que quieren para los agricultores, muchas empresas se irían de la Comunitat Valenciana”.

“En lugar de limitaciones y amenazas de expropiación forzosa, lo que necesita el agricultor son medidas de impulso y de reconocimiento de la destacada función que desempeña en la preservación del medio ambiente”, ha dicho Aguado.

Además, AVA-ASAJA ha elaborado un exhaustivo estudio en el que cifra en 37 millones de euros anuales el presupuesto que precisa el proyecto para garantizar mínimamente la viabilidad de las explotaciones agrarias.

Entre las reivindicaciones que traslada AVA-ASAJA a los ayuntamientos destacan el establecimiento consensuado de un Plan de Desarrollo Agrario antes de la aprobación de la Ley y la supresión de las limitaciones a la hora de elegir el cultivo o el sistema de regadío en cada parcela.

Satisfacción en La UNIÓ

Sin embargo, otra de las asociaciones agrarias con mayor arraigo, LA UNIÓ de Llauradors, ha mostrado su satisfacción por la continuidad en la tramitación de la Ley de la huerta en les Corts. En su opinión, a pesar de ser mejorable, esta ley “es posiblemente una de las últimas oportunidades para salvar lo salvable de ese espacio único y por ello hay que sacarla adelante, teniendo siempre en cuenta una actividad agraria profesional y rentable como motor de la misma”.

LA UNIÓ ha recordado que, al contrario que otras organizaciones agrarias, ha “participado activamente desde los lejanos tiempos de la Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la huerta con agricultores y también con los sucesivos Gobiernos autonómicos, tanto del PP como el actual del Botànic”. Por ello, lamentan que algunos intervinientes en el debate parlamentario de hoy “hayan optado por alinearse con una sola parte de la realidad de los agricultores de la huerta muy limitada y sesgada. En este sentido se anima e invita desde La UNIÓ al PP y Ciudadanos, tal y como han hecho en otros muchos temas sin ningún tipo de problemas, a conocer de primera mano la realidad verdadera de la huerta y sus agricultores, en lugar de dejarse aconsejar sólo por posiciones continuistas que sólo nos conducen a la ruina de los productores”.

Para La UNIÓ, la Generalitat debe implicarse a partir de ahora con recursos humanos y económicos suficientes y también diseñar una información real, actual y viable de la situación agrícola de la huerta. “La única vía de supervivencia de la huerta es la aprobación de un paquete normativo como esta Ley que proteja legalmente su integridad, que garantice que lo que hoy se protege no se desproteja mañana y que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esa protección”, indica La UNIÓ.

Según la organización agraria, las líneas estratégicas del Plan de la huerta deben ir dirigidas “no sólo a la sostenibilidad del espacio, sino a la viabilidad del sector agrario y por tanto ha de recoger la organización y profesionalización del productor, su formación reglada, la información mediante un Observatorio que la genere fiable y actualizada, la planificación y diversificación de las producciones y la diferenciación del producto allí cultivado”.

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