Las excavadoras apenas han tardado una hora en derribar la mitad de las 49 ‘Casetes dels Pescadors’ de El Puig, que desde el 7 de octubre dejan de mirar al mar tras más de un siglo de vida en el que han acogido a varias generaciones descendientes de pescadores. Situadas en primera línea de playa, las casas ocupan una zona de dominio de Costas que ha ordenado su derribo, tras un complejo proceso judicial entre los vecinos y Medio Ambiente.
+ Aquí teneis el video del derribo de las 'casetes de pescadors' 
A las 8.30 horas del jueves 7 de octubre, las máquinas han comenzado a derribar las 49 casitas en presencia del alcalde de El Puig, José Manuel Tolosa, y de algunos propietarios que han tenido el valor de presenciar cómo sus casas se convertían en ruinas con un derribo que tendrán que financiar ellos mismos aunque el Ministerio se ha comprometido a hacerse cargo de los escombros.
El portavoz de los afectados, Ángel Durá, relató a Hortanoticias.com la “angustia” que viven las 54 familias que habitaban hasta hace unos días las casas, que “se conocen de toda la vida” y que ahora “tendrán que buscarse la vida cada una por su lado”. “Yo tengo 73 años, esto es un desastre y una vergüenza”, ha destacado Durá.
Ni siquiera el desalojo de las viviendas ha sido tranquilo. Y es que, mientras los vecinos se afanaban en sacar sus pertenencias de las mismas, un grupo de ladrones se ‘coló’ y se encargo de sustraer una buena parte de sus enseres, según denuncian los vecinos.
Costear el derribo
Asimismo, los propietarios deberán hacerse cargo de una parte del coste del derribo, mientras que la Demarcación de Costas se encargará de la gestión de los escombros.
El alcalde del municipio, el ‘popular’ José Miguel Tolosa, que ha actuado en las reuniones como interlocutor entre las dos partes, ha intentado hasta el último momento paralizar la demolición por cuanto Costas no tiene ningún proyecto previsto para esta zona del litoral y porque el derribo no va a suponer la regeneración de la playa ni la prolongación del paseo marítimo.
No escrituradas
El origen del conflicto radica en que las viviendas se encuentran dentro de la zona pública marítimo terrestre, tal y como figura en un deslinde aprobado en 1969. La Ley de Costas de 1988 ratificó la ‘ilegalidad’ de las mismas y el Ministerio de Medio Ambiente inició los trámites para recuperar este terreno en 2004.
Tras una larga ‘batalla’ judicial que ha llegado, incluso, al Tribunal Supremo. Los vecinos alegan que adquirieron las propiedades de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX, y que éstas eran parcelas privadas alejadas originariamente del mar.
Aseguraban, además, que durante todo ese tiempo han estado abonando los correspondientes impuestos y que, por tanto, no se les puede acusar de una apropiación de dominio público, sino de propiedades privadas lícitas devenidas en públicas.© Hortanoticias
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