Las comfort letters firmadas por Álvaro tienen condición de aval según el informe de la Dirección General de Administración Local

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La Dirección General de Administración Local ha remitido un informe al Ayuntamiento de Alboraya sobre las comfort letters firmadas por el ex alcalde Manuel Alvaro. Según este informe, las comfort letters “son fuertes y por lo tanto revisten la condición de aval” por importe de 16, 5 millones de euros en el caso de que la empresa municipal Egusa dejara de pagar a los bancos.

El Ayuntamiento de Alboraya remitió al servicio de Asesoramiento municipal de la Dirección General de Administración Local una serie de cuestiones respecto de las comfort letters.

El informe de la Dirección General de Administración Local habla de las comfort letters como actos administrativos fuertes que podrían revestir condición de aval y, por tanto, cabe iniciar un procedimiento de revisión de oficio para proceder a su nulidad. Según el informe “para proceder a la revisión de oficio se debe solicitar dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”.

Según fuentes municipales, a partir de ahora y en conformidad con lo que dictamina el informe el procedimiento a seguir será en primer lugar acuerdo plenario de incoación del expediente administrativo para la revisión de oficio, seguidamente audiencia a los interesados en el procedimiento, remisión del expediente íntegro al Consell Jurídic Consultiu para la emisión del dictamen, y finalmente, acuerdo plenario que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio según el dictamen emitido.

Además el Ayuntamiento cuenta con un informe técnico que manifiesta que el ex alcalde Manuel Álvaro “a pesar de estar advertido desde 2007 por la intervención de no asumir más compromisos de pago, firmó a partir de ese año 4 comfort letters o avales por un importe total de 16, 5 millones de euros, comprometiendo al Ayuntamiento de Alboraya y asumiendo un riesgo sin tener conocimiento ni la intervención, ni el Pleno de la corporación, ni la Conselleria de Economía y Hacienda”.

Ahora el equipo de gobierno ha decidido dar traslado de los dos informes a la Fiscalía que investiga este asunto.

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