Sobre las 23.00 horas, dio comienzo la procesión penitencial en la calle Santo Tomás, desde donde se dirigieron hacia la Iglesia de la Asunción Ntra. Sra. A la llegada al templo, en cuyo interior se encontraba el reo acompañado por el párroco Juan José Llorens, uno de los hermanos de la cofradía fue el encargado de llamar a la puerta, a la vez que pronunció “obriu la porta de l'església per a atorgar el perdó i la misericòrdia”.
En ese punto se realizó un pequeño acto litúrgico tras el cual el preso se incorporó a la procesión como penitente. Con la cara cubierta, encadenado y con el hábito de la hermandad, pero sin la capa, procesionó hasta la puerta del consistorio, donde le esperaba el Delegado del Gobierno, Serafín Castellano, que, acompañado por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y miembros de la corporación municipal, fue el encargado de otorgar el perdón al preso. También estuvieron presentes la Reina del Encuentro, Gema Guillamón, acompañada por sus camareras, Isabel Molero y Carla Silla, el presidente de la Junta Central de Hermandades, José Vicente Yago, y la Hermana Mayor Suprema, Mª Teresa Daviu.
Tras el acto de liberación, el preso, ya en libertad, llevó a cabo el último tramo hasta la Parroquia de Sant Lluís Bertrán. Una vez en el interior del templo, el presidente de la cofradía de les Set Paraules i el Crist del Perdó, José Ricardo Molins Gozalvo, le dio la bienvenida y le dedicó unas palabras invitándolo a formar parte de la hermandad. Por su parte, el consiliario, Don Salvador Torrent, fue el encargado de clausurar el acto pronunciando unas palabras y dando la bendición.
Este año, el Consejo de Ministros aprobó el perdón a un total de 11 presos del país en estas fechas, una tradición que funciona desde hace varios siglos y que ningún Gobierno ha querido romper, aunque ninguna ley los obliga. Las cofradías de penitentes solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, como por ejemplo, que esté cumpliendo condena en la actualidad y que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública.
