La Policía Local constata que el 32% de las horas sindicales solicitadas por UGT y CSIF son en festivos y fines de semana

El Ayuntamiento de Paiporta ha elaborado un informe sobre ‘Crédito de Horario Sindical’ para detectar y frenar, en su caso, un posible fraude en el disfrute de horas sindicales. Dicho informe fue solicitado por el alcalde al Intendente Jefe de la Policía Local al haber solicitado un representante de UGT disfrutar sus horas sindicales en pleno Viernes Santo. En este momento, se le ha remitido al secretario de la corporación para que emita su opinión legal y formal conforme a Derecho.
La Policía Local ha constatado que el 32% de las horas sindicales solicitadas por los representantes de UGT y CSI-CSIF lo han sido en días festivos y fines de semana, una circunstancia, en opinión del alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, “sospechosa y llamativa ya que, como en el caso del Viernes Santo, todo el mundo sabe que los sindicatos no desarrollan ninguna actividad de representatividad”.

En opinión de Ibor, “se debe garantizar el derecho sindical a defender a los trabajadores pero al mismo tiempo, el respeto por el dinero de los contribuyentes que son quienes, con sus impuestos, sufragan estas horas. Y también el principio de solidaridad con el resto de compañeros que deben suplir a los representantes sindicales durante sus ausencias”. Paralelamente, ningún delegado de CCOO ha pedido disfrutar de sus horas sindicales en días festivos y/o fines de semana.

El alcalde de Paiporta recuerda que el ayuntamiento, “amparándose en la jurisprudencia española, tiene el deber y el derecho a exigir una justificación de estas horas sindicales, sin entrar en detalles pero sí con una acreditación o citación del sindicato de haber estado en sus locales o de haber sido requerido a una reunión en los mismos, sin especificar los temas detallados”.

Ibor insiste en que se tiene el deber de requerir esta justificación “por respeto a los ciudadanos que sufren para llegar a fin de mes y por respeto a las propias centrales, que tienen la obligación legal y ética de defender a los trabajadores y a las personas desempleadas. Con posibles fraudes, se quebranta gravemente este respeto y no podemos ni queremos ser cómplices”.