La Pobla se querella contra Peralta por prevaricación y le exige que pague las facturas del bufete que contrató cuando era alcalde

0
70

La alcaldesa de La Pobla de Farnals, arropada por todo su equipo de Gobierno y por dos concejales de la oposición (José Vicente Sanchis y Rafael Sanz) han presentado una querella contra el ex alcalde del PP José Manuel Peralta por un presunto delito de prevaricación al contratar, “hasta en cuatro ocasiones, al despacho Broseta Abogados sin sumisión al régimen de contratación establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”.
En ese sentido, y después de que una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº6 de Valencia obligara al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a pagar dos facturas emitidas por dicho despacho de abogados por valor de 33.060 euros por la redacción de informes que solicitó Peralta sobre la legalidad de un PAI impulsado por el equipo de Gobierno socialista que le precedió en el cargo, los querellantes exigen que sea el ex alcalde del PP el que pague esas facturas.

En la querella presentada, los demandantes solicitan que se condene a Peralta como autor de “un delito continuado de prevaricación previsto en los artículos 404 en relación con el 74 del Código Penal, a la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público”.

Asimismo, solicitan que indemnice a los querellantes con 33.060 euros (valor de las facturas que una sentencia obligaba a pagar al Consistorio), así como las correspondientes costas, incluidas las de la Acusación Particular y, para garantizar las responsabilidades económicas de los hechos que han propiciado la querella, solicitan que se requiera al ex alcalde “para que preste fianza por importe de 15.000 euros y, de no hacerlo así, se proceda al inmediato embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir la referida suma”.

Al parecer, y según la querella, Peralta contrató los servicios del citado despacho de abogados para realizar una auditoría urbanística sobre las actuaciones realizadas por el anterior gobierno socialista encabezado por el actual concejal José Vicente Sanchis con el objetivo de encontrar irregularidades y poder iniciar un procedimiento judicial contra él.

El primer contrato con el citado bufete se hizo conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en dicho momento, según los querellantes pero, esta primera auditoria motivó informes posteriores que fueron encargados a Broseta Abogados “sin tramitar expediente de contratación alguno, sin informe de intervención y sin aprobación del gasto correspondiente”.

La querella concluye que Peralta “contrató directamente, sin someterse a procedimiento alguno de contratación, sin tramitar expediente de contratación alguna, sin informe de intervención y sin aprobación del gasto correspondiente, hasta cuatro ocasiones al mismo despacho profesional, por una cantidad total de 40.430 euros (IVA no incluido), con la misma finalidad de detectar, “analizar consecuencias jurídicas”, “denunciar” … todo ello siempre respecto al mismo objeto, la tramitación del Programa de Actuación Integrada UE 5”.

Por ello, tras acceder al cargo al presentar una moción de censura contra el alcalde ‘popular’, el 23 de octubre de 2008, la ya alcaldesa Natividad García, una vez conocido por un informe de Secretaría la forma de contratación del bufete, dictó un decreto no autorizando el pago de las facturas a Broseta Abogados. Decisión que provocó el recurso de casación del bufete y el posterior recurso contencioso-administrativo.

Finalmente, el juzgado ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por Broseta Abogados y ha condenado al Ayuntamiento a pagar dos de las tres facturas (la de los informes urbanísticos solicitados con anterioridad, por valor de 12.760 euros, y la del asesoramiento penal, valorada en 20.300 euros) que suman un importe de 33.060 euros más el interés legal que haya generado dicha suma desde la fecha de presentación del recurso contencioso administrativo.

Sin embargo, desestimó el recurso respecto al decreto de Alcaldía del día 23 de octubre por el que se denegó el pago de la factura emitida en relación al asesoramiento administrativo y constitucional con motivo de la moción de censura al considerar que el beneficiario de esos servicios (valorados en 6.960 euros más IVA) fue el propio Peralta o su grupo municipal y no el municipio de La Pobla.

Con esta querella, el Ayuntamiento de La Pobla, que aparece como perjudicado por el presunto delito de prevaricación que achaca a José Manuel Peralta, pretende que un juez condene al ex alcalde a indemnizar al Consistorio por el mismo importe de 33.060 euros que otro juzgado le obligó a pagar a Broseta Abogados.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here