La madre de los tres menores de doble nacionalidad, española y mexicana, que residían en Alboraya con ella, que cuenta con la custodia, y que una orden judicial ejecutada ayer ha entregado al padre, que vive en México, donde regresarán, ha denunciado la "falta de apoyo" en el conflicto por parte del Gobierno español.
Isabel Monrós ha afirmado que el padre de sus hijos (un chico de 13 años y dos gemelos de 10) ha contado con "toda la ayuda del Gobierno mexicano" mientras que ella no se ha sentido "apoyada" por las autoridades españolas.
La mujer se siente "destrozada" y "rota de dolor" después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Moncada ejecutara ayer la resolución judicial por la que ordenaba la entrega al padre de los menores, un fallo ratificado por la Audiencia de Valencia y con el informe favorable de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
La madre acudió por la mañana a la sede judicial acompañada de sus hijos para que fueran sometidos a un examen psicológico solicitado por ella para impedir la ejecución de la sentencia, que concluye que los menores fueron "traídos a España ilegalmente".
Tras la exploración de los niños, la jueza ordenó la ejecución de la resolución, para dar cumplimiento al Convenio de La Haya, suscrito por España, y entregó a los niños a su progenitor, que abandonó junto a sus hijos el edificio en un furgón policial increpado por un centenar de familiares, amigos y vecinos de la madre que generaron momentos de gran tensión.
Monrós, que después de que se hiciera efectiva la orden pudo hablar por teléfono con el mayor de sus hijos, ha indicado que hoy ha "perdido ya toda comunicación" con ellos, una situación que le resulta "insoportable", y se ha confesado "agotada" y "superada por los hechos".
El cumplimiento de la orden judicial se ha cumplido después de que el juzgado resolviera así un contencioso iniciado por los progenitores sobre haber traído la madre a los menores de forma ilegal a España, dado que la sentencia mexicana de divorcio establecía unos requisitos para sacar a estos niños del país.
La madre sostiene que llegó a Valencia con sus hijos en 2010 y que en su sentencia de divorcio quedaba pendiente fijar el régimen de visitas y pensión alimenticia para los niños, y que decidió quedarse en casa de sus padres, en Alboraya, porque en México no contaba con recursos.
Después de que tres centenares de vecinos impidieran hace casi dos semanas la entrega de los niños al progenitor concentrándose en la casa de la madre, la orden finalmente se hizo ayer efectiva.
En un auto emitido ayer, la jueza destaca que no existen denuncias en las que consten malos tratos a los niños o a la madre y que se ha entregado los niños al padre "no sedados".
