La jueza del Caso Emarsa ordena prisión sin fianza para Roca Samper por el riesgo de que influya en testigos y destruya pruebas

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado prisión provisional, comunicada sin fianza para el empresario Jorge Ignacio Roca Samper investigado en el Caso Emarsa y supuesto cerebro de la trama que dejó un agujero de más de 23 millones de euros de la empresa pública Emarsa a través de la gestión de la depuradora de Pinedo. El empresario se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación.

Roca Samper, cuya extradición por Moldavia se realizó el viernes, ha comparecido hoy ante la magistrada instructora para responder de las dos piezas en las que está imputado: la principal (por delitos de malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública) y la pieza separada número 6 en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública.

El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar. Se han celebrado sendas comparecencias de prisión. La jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se han adherido todas las acusaciones, ha acordado prisión provisional comunicada sin fianza.

La instructora tiene en consideración la falta de arraigo en España del imputado así como su habilidad para moverse en el extranjero. No descarta que esté “vinculado con organizaciones criminales que no solo han facilitado su vida sino que le han ayudado a estar evadido de la Justicia española” durante más de cinco años en los que ha viajado a Rumanía, Moldavia, China, Bulgaria, Malta o Andorra. La magistrada, que recuerda que “se ha perdido el rastro del dinero defraudado”, no descarta que el detenido pudiera intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.

Según recoge la jueza en el auto, la finalidad de su decisión es garantizar su presencia en el juicio y “evitar la comisión de nuevos delitos por el señor Roca, pues de su trayectoria profesional se infiere que su único modo de vida es el delito”. A este respecto, añade que “por todos los países que ha pasado se le han abierto procesos penales, llegando a cumplir pena en Moldavia”.

Jorge Ignacio Roca Samper, en busca y captura desde enero de 2012, fue arrestado en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se suspendió tras su detención en Moldavia. La Sección 1ª acordó devolver la causa al Juzgado número 15 para practicar una instrucción complementaria cuando el prófugo fuera extraditado.

La extradición de Roca Samper se materializó el pasado viernes, después de que haya terminado de cumplir la condena de diez meses de prisión que le fue impuesta por la Justicia de Moldavia por un delito de falsedad documental por el que fue detenido el pasado mes de julio y juzgado en octubre.

Roca, imputado en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo desde marzo de 2011, ha estado en ignorado paradero durante toda la instrucción. En enero de 2012, el magistrado instructor amplió la imputación que se dirigía contra él con nuevos hechos y delitos y días después, el 9 de enero, dictó orden de búsqueda y detención internacional.

El empresario fugado, al que el juzgado del Caso Emarsa nunca ha podido interrogar, fue arrestado durante un registro domiciliario en la localidad moldava de Corjova, haciendo uso de una identidad falsa. Los agentes, que investigaban a un grupo de personas dedicadas a la confección de pasaportes falsos para ciudadanos extranjeros, comprobaron que quien decía ser Botnari Gheorgii Alexandre era en realidad Jorge Ignacio Roca Samper, cuya orden de busca y captura dictada por España figuraba en las bases de datos de Interpol.

En la pieza principal del Caso Emarsa, cuyo juicio quedó en suspenso tras la detención del empresario hoy encarcelado, están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, ex directivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.

Respecto a la participación de Roca en la pieza principal,la juez considera que Roca actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para “incrementar artificiosamente” el valor de los trabajos realizados.

De esta forma, Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste una cifra superior a diez millones de euros más de lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado. La participación del empresario, señala la instructora en el auto de prisión, “resultó ser imprescindible y necesaria para la consecución de la defraudación final”.

Tras recibir las facturas emitidas por las empresas del investigado, dedujo las cuotas soportadas en el IVA reduciendo las deudas tributarias debidas al Erario Público durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, y le fueron devueltas a la entidad por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española, cantidades que superan con creces 120.000 euros en cada uno de los ejercicios fiscales.

En la pieza separada número 6, la jueza considera que Roca emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondía a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.


 
 
 

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