La Generalitat se reúne en Picassent y Alfafar con familias que residen en viviendas públicas ocupadas para estudiar su regularización

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La Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha iniciado en la provincia de Valencia el programa de regularización de ocupantes de viviendas públicas sin título anteriores a 2015 y ha mantenido las primeras reuniones con tres familias en Picassent y siete en Alfafar.

La medida forma parte del Plan de Dignificación de la Vivienda presentado hace unos meses por la consellera.

Se trata de reuniones individualizadas en las que técnicos de EIGE y de los servicios sociales municipales explican a cada familia que sea susceptible de beneficiarse de esta medida todo lo relativo al proceso a seguir, la documentación a presentar y la solicitud a rellenar para comprobar si cumplen los requisitos estipulados en la Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 4 de abril y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 6 de abril. En estos encuentros se analiza la situación socioeconómica de cada unidad familiar para valorar si cumplen los criterios de regularización.

Con estas reuniones se comienza el programa de estudio de los ocupantes sin título que ha iniciado la Conselleria y que en la provincia de Valencia afectaría a 195 familias. En las próximas semanas se continuarán organizando reuniones con otras familias que residen en viviendas públicas ocupadas sin título antes de julio de 2015 para abordar su posible regularización, siempre y cuando cumplan los requisitos.

Criterios

Para ser adjudicatario de una vivienda pública, deberán cumplir unas condiciones como acreditar la situación de vulnerabilidad social (familias numerosas, monoparentales con dos o más hijos, en desempleo, con algún miembro con discapacidad o víctima de violencia de género) y demostrar que ocupan la vivienda pública antes de julio de 2015.

Además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda, teniendo en cuenta la situación económica de la familia, así como los gastos de comunidad. Permitir el acceso a los técnicos de EIGE para comprobar que la vivienda en la que residen cumple las condiciones de habitabilidad es otro de los criterios que deberán cumplir.

De forma complementaria, las familias que son susceptibles a regularizar su situación, deberán cumplir unos criterios subjetivos como demostrar que se han integrado en la comunidad vecinal y, por tanto, no deberán constar reclamaciones ni quejas sobre convivencia sobre ningún miembro de la familia. Para ello, EIGE podrá recabar un informe social al Ayuntamiento que certifique dicha situación.

Este plan de regularización de ocupantes sin título forma parte del Plan de Dignificación de la Vivienda Social promovido por la Conselleria que dirige María José Salvador y que también se enmarca en un plan de largo alcance cuyo eje fundamental es la Ley por la Función Social de la Vivienda.

La Conselleria ha iniciado el programa de regularización en toda la Comunitat y la directora general de EIGE, Helena Beunza, se ha reunido con alcaldes y representantes municipales de aquellas localidades en las que la Generalitat gestiona viviendas públicas para explicarles el proceso de estudio de regularización de aquellas viviendas ocupadas sin título.

No más ocupaciones sin título

La falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar a un aumento de ocupaciones ilegales y sin título consentidas en viviendas públicas, que al inicio de esta legislatura se cuantificaban en más de 500 en toda la Comunitat.

El actual Consell, decidido a poner en marcha una política de vivienda y de rescate de personas, determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales después de julio de 2015 al estar aplicando una política de vivienda social y de reforma del parque público que no había existido en las anteriores legislaturas. Los motivos de esta decisión responden a que estas ocupaciones vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda; impiden la rehabilitación del inmueble; y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros. Todo ello, sin olvidar el efecto llamada a incumplir la ley que la Administración autonómica no puede ni debe permitir.

Sin embargo, “desde la Generalitat tampoco se puede seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar, ante la pasividad del Gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones”, declaran desde la Conselleria. Por ello, se ha puesto en marcha este plan que ya se está ejecutando en algunos municipios de la Comunitat.

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