La Generalitat autoriza a la Abogacía para ejercitar la acción popular en el caso de violencia de género de Puçol

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La Generalitat ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para ejercitar ante la jurisdicción competente la acción popular en el caso relacionado con el último asesinato en la Comunitat Valenciana de una víctima de violencia de género en Puçol.. Este es un de los acuerdos alcanzados en el Pleno del Consell.
La portavoz del Consell, Lola Johnson, tras el pleno del Consell, ha recordado que el suceso se remonta al pasado 21 de septiembre, cuando una mujer de 39 años y de nacionalidad marroquí falleció como consecuencia de los hechos delictivos cometidos presuntamente por su marido.

La víctima había interpuesto denuncia por una agresión sufrida hace un mes, por la que el Juzgado Mixto número 3 de Massamagrell dictó el 17 de agosto medidas de protección.

En este sentido, ha recordad que la Ley 9/2003 de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 36 que "la Conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat, el ejercicio de la acción popular, a través del Gabinete Jurídico de la Generalitat o de abogadas/os colegiadas/os, en los supuestos de agresiones físicas domésticas en los que se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el Decreto 206/2009 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, corresponde a ésta ejercer, entre otras, las competencias en materia de "prevención y erradicación de la violencia, con especial atención a la ejercida sobre la mujer".

La Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat, dispone que corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General la representación y defensa en juicio de la Generalitat.

Asimismo, de acuerdo con esta ley, los abogados de la Generalitat no pueden iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente, siendo el Consell una de las autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones.

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