En la última Junta de Gobierno, celebrada este mismo lunes, se volvió a tratar el tema y se aseveró que el Ayuntamiento ejecutaría el fin de la concesión el día 25 de noviembre ya que el plazo estipulaba como último día de la concesión el 24. Sin embargo, durante la mañana del jueves, la gasolinera ha funcionado con total normalidad.
Según ha podido saber este diario, el concesionario de la parcela ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la finalización de la concesión y, hasta que no se resuelva, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no ejecutar la devolución de la parcela para evitar verse perjudicado por lo que llaman lucro cesante.
Esta figura supone que, si se obliga al propietario a cerrar la gasolinera y el contencioso-administrativo le da la razón, el Ayuntamiento debería pagarle todo el dinero que el haya dejado de ganar desde el momento del cierre hasta la resolución judicial lo que podría suponer un importante gasto al Consistorio pues el proceso judicial se puede alargar durante años.
En principio, a partir del cierre del negocio, los propietarios tenían un plazo de dos meses para entregarle al Consistorio la parcela vacía y limpia. Si en esos dos meses, no se ejecutaba, el Ayuntamiento podía actuar de oficio y reclamar luego los costes a las personas o empresa concesionaria.
Peligro para los vecinos
El Bloc de Burjassot ya denunció el día 24 que no se había cumplido el acuerdo plenario de marzo de 1984 por el que se prorrogaba la concesión de la gasolinera hasta el 24 de noviembre de 2010 “sin posibilidad de prórroga”. Según los nacionalistas, esta gasolinera se ubica en un espacio público de propiedad municipal y se encuentra en plena zona urbana y a menos de tres metros de un edificio de viviendas.
El partido de la oposición asegura que “desde el primer momento, la ubicación de la gasolinera despertó una fuerte oposición entre la ciudadanía del pueblo ya que ocupa un espacio público y, además, representa un peligro potencial muy importante”.
Al parecer, la gasolinera continua abierta porque los propietarios han presentado un contencioso administrativo contra la decisión del Ayuntamiento del pasado mes de julio de seguir adelante con el cierre del negocio. Para el portavoz nacionalista, Jordi Sebastià, “es una muy mala noticia porque los vecinos llevan años confiando que el peligro desaparezca algún día y ahora ven que esa solución no llega”.
“La administración tiene que dar una respuesta eficaz y rápida. Exigimos al equipo de Gobierno que actúe tan pronto como pueda para recuperar un espacio público y para retirar una instalación molesta y peligrosa”, ha concluido.
