La Fiscalía investiga un posible delito por el cambio de estatutos de PEMSA minutos antes de su disolución

La Junta General Ordinaria de la empresa municipal de Promoción Económica de Moncada SA (PEMSA), que votó a favor de su disolución, decidió el mismo día y en el mismo acto modificar el artículo 35 de los estatutos cuyo contenido original afirmaba que “al disolverse la Sociedad, de capital enteramente municipal, el Ayuntamiento le sucederá universalmente, y a él revertirá toda la dotación con los incrementos y aportaciones que constare en el activo de la institución disuelta”, según ha podido conocer Hortanoticias.

PEMSA. Sede. Fachada

El orden del día de la citada Junta General ordinaria de la empresa municipal de PEMSA, celebrada el 29 de noviembre de 2015, contenía primero la modificación del artículo 35 de los Estatutos Sociales y en el siguiente punto la disolución.

La modificación del artículo 35, propuesta y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General el mismo día que aprueban la disolución, habla que “al disolverse la sociedad de capital, el ayuntamiento le sucederá en el activo liquido neto que resulte de la cuenta de liquidación válidamente aprobada por la junta general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 391 de la LSC”.

Por ese motivo, “y ante la posible gravedad de los hechos ya que pueden ser, constitutivos de delito alzamiento de bienes o levantamiento del velo”, las actuaciones de la Junta General y del Consejo de administración de PEMSA -formado por Amparo Orts, Sebastián Sánchez, José Esplá, Vanessa Galera, Ferrán Cuadros, Francisco Manuel García Plasencia y Vicente Conejero- han sido puesta en conocimiento de la Fiscalía.

Los denunciantes explicaron a Hortanoticias que “este acuerdo permite despedir a 50 trabajadores discapacitados, a los que  no se van a pagar las indemnizaciones por la mercantil PEMSA y tampoco por el Ayuntamiento de Moncada, tras la modificación de este artículo”.

Los denunciantes explicaron que en el centro especial de empleo de Moncada, desempeñan su trabajo personas que tienen grado de discapacidad importante, tanto física, como psíquica y sensorial que en algunos casos supera el 65% de grado de minusvalía “y que no son conscientes de lo que puede estar sucediendo por lo que, necesitan amparo”.


 
 
 

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