Hace unos días, saltaron todas las alarmas ante el anuncio de desahucio de una familia de Mislata con tres niños pequeños. La presión social y la intermediación del Ayuntamiento de la localidad consiguieron que el juzgado aplazara el desalojo de Jazmín y sus hijos. Mientras tanto, el Gobierno municipal mantenía conversaciones con la Conselleria de Vivienda para buscar una solución a la situación de esta familia ya que el desahucio tan sólo se había aplazado hasta finales de mes. Finalmente, serán realojados en un piso de Valencia.
En un primer momento, el Ayuntamiento de Mislata consiguió evitar el desalojo de la vivienda que la familia ocupaba en régimen de alquiler, al solicitar la suspensión de la medida hasta que se encontrara una solución, petición a la que el juzgado accedió.
En ese momento, tanto Ayuntamiento como EIGE, que es la entidad pública de la Generalitat encargada de la gestión de viviendas sociales, mantuvieron diversas entrevistas que han permitido solucionar el problema y evitar el desalojo. Tanto el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, como la directora general de EIGE, Helena Beunza, se han felicitado de que esta colaboración institucional haya impedido que la familia, con grave riesgo de vulnerabilidad social, se quedara sin vivienda.
Desde la Conselleria que dirige María José Salvador han destacado que “el papel de los ayuntamientos y la colaboración municipal son clave para que la nueva ley por la Función Social de la Vivienda pueda desarrollar todas sus potencialidades”.
