Así lo ha anunciado la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda que considera que el mayor número de afectados en Torrent se concentran en el sector de Parc Central puesto que su construcción y venta coincide con el periodo de impagos y supresión de ayudas.
“Los torrentinos que compraron sus viviendas durante la burbuja inmobiliaria de mediados de la pasada década adquirieron sus viviendas convencidos de que recibirían sus ayudas. Muchas ayudas fueron adelantadas por los promotores que, ahora, al ver que el Consell no paga, se las reclaman a los afectados”, explican desde la Plataforma.
Los compradores se han dado cuenta de que compraron sus viviendas a precios “de burbuja que hoy están por los suelos” y como se trata de viviendas protegidas, no pueden ni venderlas ni alquilarlas hasta pasados 10 años. Además, no han percibido la ayuda prometida de la Generalitat (cheque-vivienda) que ronda los 10.000 euros de media.
A esto hay que añadir la gran cantidad de vecinos que para realizar tareas de rehabilitación en sus fincas (fachadas, rampas de patios, ascensor, etc.) pidieron subvenciones y que aún no han visto un euro de las ayudas prometidas por el Consell.
Estafa VPO
Según datos de octubre de 2013, proporcionados en pregunta parlamentaria en Les Corts, ofrecidos por la Conselleria de Infraestructuras, que tramita estas ayudas, el número de familias torrentinas afectadas rondaría los 1.624 (626 ya denegadas, 61 en tramitación que se denegarán de acuerdo a la Ley 4/2013 y otros 937 a los que se les denegará cuando presenten la prórroga).
“Estimamos que el impacto económico de esta supresión sobre los hogares torrentinos es de unos 10 millones de euros ya que las cantidades oscilan entre 50 y 200 euros al mes durante cinco años prorrogables a otros cinco, momento en el que se deniegan las solicitudes.
Según explica la Plataforma, “las ayudas a la subsidiación es esa cantidad que te descuentan en cada mensualidad y que te ayuda a pagar los intereses de tu hipoteca VPO mes a mes, habiendo cumplido unas condiciones económicas determinadas en la ley. Esa ayuda corresponde por derecho. Así fue reconocido en el momento de compra de la vivienda. Ahora, el Gobierno de Rajoy ha suprimido este derecho a cobrarla y lo ha hecho de forma retroactiva, sobre un derecho concedido. Cuando el afectado solicite la prórroga durante el quinto año, la denegarán”
Estas ayudas de subsidiación habían sido suprimidas por el gobierno de Rajoy a través de dos disposiciones: el art. 35 del RDL 20/2012 y la Disp. Adic. Segunda de la Ley 4/2013. La Defensora del Pueblo y los tribunales han deslegitimado la interpretación ministerial que hacía de la primera disposición. La segunda ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el Grupo Socialista, admitida a trámite el pasado 8 de octubre.
Impagos del Consell
Por otra parte, la Plataforma estima que los impagos del Consell en ayudas a la vivienda afectarían a unos 3.000 torrentinos, según estimaciones de los afectados. El impacto económico sobre las pertrechas economías de los torrentinos podría encontrarse en torno a unos 30 millones de euros, tambiénsegún estimaciones de la Plataforma a partir de datos globales oficiales de impagos en la Comunitat.
A los compradores de vivienda nueva y usada, habría que añadir los impagos de rehabilitación (fachadas, ascensor comunitario, rampas de acceso, etc.) y alquiler.
Estos impagos acumulan 5 años de retrasos y la deuda total en la Comunitat Valenciana asciende a 250 millones, según datos validados por el Síndic de Comptes el pasado 20 de diciembre.
Las resoluciones de concesión de ayudas están guardadas en los cajones de Conselleria, sin estar reflejadas en la contabilidad.El pasado 20 de diciembre, el informe de la Sindicatura desveló que en 2012 Conselleria no pago nada, pese a tener presupuestados más de 30 millones. El Síndic ha instado a la Conselleria a tramitar de una vez estas ayudas.
Según la Plataforma de Afectados, “la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se escuda en que se pagarán cuando haya crédito presupuestario pero, a la hora de diseñar los presupuestos de 2014, sólo ha reservado en líneas nominativas un 0, 06% de la deuda total y sólo para resolver anticipos que los bancos ofrecieron a los afectados”.
La Plataforma va a realizar una asamblea informativa el próximo 24 de enero en la sede de UGT, en Valencia. Allí dará cuenta sobre las opciones para exigir el pago de las ayudas por la vía administrativa y por la vía judicial, así como de las posibilidades de acudir a la justicia gratuita.
