La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), la antigua IVVSA, ha conseguido, en año y medio de Gobierno del PSPV y Compromís en la Generalitat, recuperar más de la mitad de las viviendas sociales que eran inhabitables en junio de 2015 gracias, ha presumido hoy la consellera de Vivienda, María José Salvador, al cambio de prioridades del Consell surgido del Pacto del Botánico que ha recuperado la “política social como eje” de su gobierno.
Así se ha manifestado la consellera en una comparecencia ante los medios de comunicación junto a la directora de la EIGE, Helena Beunza, y la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, para hacer balance del trabajo llevado a cabo por la entidad pública en estos 18 meses en materia de vivienda a través del Plan de Dignificación de la Vivienda Social. Un trabajo que también ha permitido saldar la deuda de cerca de 40.000 euros que la EIGE mantenía con comunidades de propietarios donde dispone de viviendas sociales en concepto de cuotas de comunidad y establecer un plan de pago para abonar los 7, 5 millones de euros que la Generalitat debe a los más de 80 ayuntamientos donde dispone de viviendas por el IBI que no ha pagado desde 2009.
En ese sentido, la directora de la entidad ha explicado que, por primera vez en años, la EIGE ha pagado los impuestos de todas sus viviendas correspondientes a 2016 lo que ha permitido no incrementar su ya elevada tasa de morosidad.
Entre esos ayuntamientos se encuentran Paterna y Alfafar, donde la EIGE tiene viviendas sociales y donde, además, está acometiendo planes integrales para mejorar la situación, no sólo de sus viviendas sino, también, de quienes las habitan. En el barrio de La Coma de Paterna, al tratarse de un grupo de más de 500 viviendas, se está desarrollando uno de los dos planes directores que ha puesto en marcha la EIGE (el otro se desarrolla en El Palmeral de Elche).
En el caso de Alfafar, donde existen varios grupos de viviendas distribuidos en dos o tres edificios, la Conselleria ha puesto en marcha un programa piloto denominado Plan Urgente de Intervención Social debido a sus características singulares.
Según ha explicado Beunza, una de las novedades de este plan es que se está llevando a cabo con una estrecha colaboración con el Ayuntamiento, no sólo con el Gobierno municipal, sino con todos lo grupos de la oposición. Las viviendas sociales de Alfafar se caracterizan, además de por su necesidad de intervención material, por la urgencia en atajar los graves problemas de convivencia que se estaban dando, por ello, la implicación de todos los grupos políticos, de los Servicios Sociales y de la propia comunidad se hacía vital en este caso concreto.
Por esos problemas de convivencia, precisamente, se tomó una medida tan atípica como provisional como es la de contratar un servicio de vigilancia que evitara, entre otras cosas, el asalto y la ocupación de los inmuebles que la EIGE estaba rehabilitando para poder adjudicar. También se va a llevar a cabo, dentro de este programa piloto, un proceso de participación pública para que sean los vecinos quienes decidan dónde y cómo se debe invertir para rehabilitar también las zonas comunes.
La ocupación ilegal ha sido, precisamente, uno de los mayores problemas con los que la entidad se ha topado a la hora de rehabilitar y adjudicar viviendas que debían de estar desocupadas. La consellera ha explicado que la EIGE está actuando de dos formas dependiendo de cuándo se produjo la ocupación: cuando se trata de familias que llevan años ocupando una vivienda que no les corresponde, la entidad está tratando de regularizar su situación convirtiéndolos en legítimos inquilinos adaptándose a su situación económica y social en cada caso. Sin embargo, Salvador ha reconocido “tolerancia cero” en el caso de las ocupaciones recientes en pisos que, precisamente, la Conselleria está rehabilitando para entregárselos a familias que llevan mucho tiempo esperando una vivienda social. En este supuesto se han dado ya 166 casos que son los expedientes de desalojo que ha iniciado la Conselleria.
“Hemos pedido a los ayuntamientos que extremen la supervisión en aquellas zonas donde la EIGE está rehabilitando viviendas para evitar que estas sean ocupadas de manera ilegal. Además, procuramos que se entreguen lo antes posible a sus legítimos inquilinos y que no permanezcan demasiados días arregladas y vacías”, tarea para que la también trabajan estrechamente con los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento que son los que evalúan y priorizan los casos particulares de las familias demandantes de viviendas sociales.
VPO más barata
Además de la vivienda social, la EIGE también gestiona los inmuebles que se construyeron con destino a Vivienda de Promoción Pública (VPP o VPO) y que no pudieron venderse por tener unos precios demasiado elevados para las personas a las que supuestamente iban dirigidos teniendo en cuenta que se comenzaron a adjudicar en los primeros años de la crisis económica. Esta situación ha llevado a la EIGE a tener, en mayo de 2015, 500 viviendas vacías destinadas a alquiler y otras 384 en venta.
Ante esa situación, se decidió aplicar reducciones en el precio de los alquileres más ajustados a la situación real de las familias a las que va dirigido, dejando una media aproximada de unos 230 euros al mes aunque la directora de la EIGE ha explicado que el precio depende mucho de la promoción, del tipo de vivienda y de su ubicación. Con esta medida, se han conseguido alquilar 77 viviendas.
Además, se ha reducido también el precio de venta de las viviendas en régimen de compraventa consiguiendo vender 83 inmuebles. En ese sentido, las responsables de Vivienda de la Generalitat han explicado que ha dado buen resultado flexibilizar las condiciones y cambiar el régimen de muchas viviendas de promoción pública que estaban destinadas a la venta a alquiler o alquiler con opción a compra, facilitando así su ocupación.
