La Defensora del Pueblo denuncia que Alboraya y Burjassot no han contestado “ni por activa ni por pasiva” a sus requerimientos

0
68

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado que 55 administraciones, entre ellas los ayuntamientos de Alboraya y Burjassot no han contestado a sus peticiones. Becerril ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta actitud de 55 administraciones que no han contestado, “ni por activa ni por pasiva” a los requerimientos de esta institución.
Según fuentes de la Oficina de la Defensora del Pueblo, las administraciones que no han contestado tras el tercer requerimiento son las siguientes: el ayuntamiento de Alzira (en relación a reclamaciones por suministro de luz y contaminación acústica) y el de San Fernando de Henares (por un procedimiento de responsabilidad patrimonial, entre otras cuestiones).

También figuran otras administraciones municipales como el ayuntamiento de Torredembarra, el de Galapagar, el Langreo, el de Llanes, el de San Pedro del Pinatar, el de Estepona, el de Parla, el de Ciudad Real, Almendralejo y Barbate.

Pero además están el ayuntamiento de Burgos, el de Candeleda, el de San Bartolomé de Tirajana, el de Almuñécar, Pallejà, de Leganés, Badajoz, Algete, Sanlucar de Barrameda y Arganda del Rey.

Otros son el de Castro Urdiales, Arrecife, Águilas, Alboraya, La Oliva (Las Palmas), Guadalajara, Tres Cantos, Burjassot, Lugo, Logroño, Mijas, Puerto de la Cruz, Denia, Arona y las Palmas de Gran Canaria.

A ellas se suman el ayuntamiento de Granada (ante las reclamaciones por el botellón y una supuesta pasividad policial), además de el de Torrejón de Ardoz, el de Alhaurín el Grande y de Granadilla de Abona.

Entre las instituciones de las administraciones autonómicas que no han respondido al tercer requerimiento del Defensor está la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de la comunidad autónoma de Canarias; la consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, la consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, la consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid; la consejería Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, y el Instituto Canario de la Vivienda.

Por último, están en la lista otros organismos de distintas administraciones, como Universidad Complutense de Madrid; el Colegio de Abogados de Badajoz, el de Toledo, Murcia, la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here