La consellera de Justicia reclama al Ministerio la creación urgente del Juzgado de Instrucción nº4 de Massamagrell

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La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, remitirá en los próximos días una carta al Ministerio de Justicia en la que se reclama al departamento que dirige Rafael Catalá la creación de 18 nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana que están pendientes desde hace más de un año. Entre ellos, el Juzgado de Instancia e Instrucción nº4 de Massamagrell.

Además, ha propuesto la creación urgente del Juzgado de lo Penal nº9 de Alicante, Juzgado de lo Penal nº4 de Orihuela (con sede en Torrevieja), Juzgado de lo Penal nº5 de Castellón, Juzgado de 1ª Instancia nº7 de Elche, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de la Vila-Joiosa, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Novelda, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Nules y el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº7 de Llíria.

También, el Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Torrevieja, el Juzgado de 1ª Instancia nº13 de Alicante, el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Valencia, el Juzgado de 1ª Instancia nº5 de Benidorm, el Juzgado de 1ª Instancia nº8 de Elche, el Juzgado de lo Social nº18 de Valencia, el Juzgado de lo Social nº19 de Valencia, el Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Denia y el Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Gandia.

Estas peticiones se realizan tras comprobar las necesidades detectadas por el Consejo General del Poder Judicial para la Administración de Justicia en las tres provincias valencianas. De hecho, en la carta se recuerda que el listado de peticiones cuenta con la aprobación del órgano de gobierno de los jueces y que sobre la misma se ha informado también a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Bravo recuerda en su misiva que en 2010 mediante un Real Decreto, se acordó la creación y constitución de quince órganos judiciales que fueron dotados económicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en junio de 2011, en una decisión sin precedentes, el Consell de la Generalitat renunció a ponerlos en funcionamiento y ni siquiera los reclamó durante el resto de la legislatura. En noviembre de 2015, la Conselleria de Justicia volvió a exigir la creación de los órganos judiciales pendientes sin que hasta el momento se haya recibido ninguna respuesta tras un año con el Gobierno en funciones y más de tres meses desde la constitución del nuevo gabinete.

Según ha explicado la consellera, el déficit de órganos judiciales ha agravado la carga de trabajo que soportan los tribunales valencianos hasta límites insoportables de forma que la Comunitat Valenciana es la autonomía que padece un mayor índice de asuntos en todo el Estado, superando con creces los indicadores aprobados por el Consejo General del Poder Judicial.

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