La consellera de Benestar Social se pone en contacto con la mujer encadenada frente al Palau de la Generalitat

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La consellera de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zapalna, se ha puesto en contacto con Dolors Carrasquilla, la mujer que el 6 de marzo se ha encadenado frente al Palau de la Generalitat para reclamar que le concedan el grado de gran invalidez. Si no consigue una respuesta afirmativa antes del 10 de marzo, iniciará una huelga de hambre.

La consellera, que le ha explicado que su expediente no ha llegado todavía de Lérida, le ha asegurado que tratará de agilizar la revisión de su caso, si bien, se trata de una competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Pese a mostrarse agradecida por el interés que ha mostrado la consellera, Dolors ha remarcado que necesita “hechos”.

A la protesta también ha asistido la diputada de EUPV en las Corts, Esther López, así como miembros del partido socialista, quien ha informado de que ha registrado una pregunta oral en el Parlamento valenciano para exigir explicaciones a la Conselleria de Bienestar Social sobre las gestiones que “debería hacer” la administración en este caso.

López ha señalado que, ante una situación de “extrema necesidad” como esta, es “intolerable que la Conselleria se mantenga de brazos cruzados”.

En su encadenamiento, Dolors ha contado con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Aldaia, presidida por Juan Carlos Mellado, así como por distintas plataformas y asociaciones, que se han hecho eco de su problema.

Dolors padece una osteomelitis crónica, una infección en el hueso, desde hace 25 años, lo que le ha llevado a pasar por 35 operaciones en la pierna, llegando incluso a plantearse la opción de amputársela.

En 2009, le concedieron la gran invalidez en Cataluña, pero un año más tarde, en la Comunidad Valenciana, a la que se mudó por cuestiones de clima, se le rebajó a un grado de absoluta.

Ante esto, se muestra irónica, al afirmar que esta valoración se produjo por una “milagrosa mejoría” y asegura que su caso no es el único, ya que diversos trabajadores de Seguridad Social le han comentado que se están reduciendo el grado de las minusvalías.

Este cambio de grado ha supuesto un duro revés económico para la familia de Dolors, que tiene a su cargo a tres personas, ya que la pensión que percibe se ha visto reducida en casi un 30%.

A ello, se suma que ahora debe pagar parte de sus medicamentos, por lo que en muchas ocasiones ha debido prescindir de su medicación por no poder costeársela.

Dolors ha presentado varias peticiones y reclamaciones para que se le conceda el grado de gran invalidez, pero la respuesta de las instituciones ha sido negativa.

Una situación que la afectada no comprende y le lleva a preguntarse qué se habrá hecho con el dinero destinado a las ayudas de discapacitados.

“Estoy muy cansada de estar engañada, llevo dos años en cama”, explica Dolors.

Por ello, tras solicitar el 5 de marzo, de nuevo, la gran invalidez con los informes médicos que acreditan y certifican su estado, se ha encadenado frente al Palau de la Generalitat.

Dolors asegura que no puede esperar meses a que hagan la valoración y le den una respuesta, que ya espera negativa, por lo que ha tenido que recurrir a esta drástica medida.

Una protesta que llegará a la huelga de hambre si no obtiene una solución, ya que, según asegura Dolors con dureza “para morirme de hambre en mi cama, prefiero morirme dignamente y reivindicando nuestros derechos”.

Su determinación es completa y afirma que no piensa rendirse, “voy a luchar mientras mi cuerpo aguante”, asegura.

Aunque Dolors se siente asustada, también se muestra muy agradecida por todo el apoyo que las asociaciones y plataformas le están mostrando.

Especialmente, con la Asociación de Vecinos de Aldaia, que, además de ponerla en contacto con el resto de asociaciones, le ha ayudado a instalarse en su encadenamiento, ya que por el estado de salud de Dolors, quien debe llevar sueros, ha requerido ayuda para ello.

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