La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat celebrada hoy y presidida por el director general del Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje, “de acuerdo con el nuevo modelo urbanístico y sostenible de la Generalitat”, ha acordado denegar la aprobación del expediente de homologación y plan parcial del Sector Gran Manises, en el término municipal de Manises, y se ha concedido de forma previa un trámite de audiencia de quince días al Ayuntamiento y a la empresa pública de la Generalitat EIGE.
La alternativa técnica fue formulada por la mercantil Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda, actualmente EIGE, y por una de las empresas de Enrique Ortiz.
El objeto que perseguía el proyecto era el desarrollo de una extensa área de suelo que en la actualidad se encuentra clasificado como no urbanizable, y pasar a clasificarlo como suelo urbanizable de uso global residencial. Se trata de una superficie de 1.403.520 m2 donde se planeaba edificar en 1.007.257, 50 m2 que serían residenciales, en torres de 12 alturas donde se creaban más de 9.000 viviendas, y 67.150, 50 m2 serían de uso terciario.
La Comisión de Urbanismo ha basado su informe desfavorable, por un lado, atendiendo el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por otro, que no se adecua al modelo territorial sostenible de la Generalitat, en cuanto a que la implantación de esta actuación incrementaría la superficie del suelo urbanizable del municipio, contradiciendo con ello la normativa territorial y urbanística donde se promueve una proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos y un modelo de ciudad compacta evitando una implantación urbanística dispersa.
Tampoco ha quedado justificada la viabilidad económica del plan, ya que el documento ha ido asumiendo cargas sobrevenidas como consecuencia de los distintos informes sectoriales recabados.
Para el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, estos proyectos “no cabían en la nueva política de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades reales y de protección del medio ambiente”. Según ha apuntado, la operación era “absolutamente desproporcionada y estaba mal dimensionada y planificada”.
